Por Carolina Gómez Vinales
El calendario de la SEP marca que el próximo 30 de agosto es el regreso a clases presenciales de casi 33 millones de población inscrita de 3 a 29 años de edad. De ellos, 90% acuden a escuelas públicas y 10% a colegios privados. Detrás de esta polémica y desatinada decisión, se encuentra la pandemia, con un ritmo acelerado de contagios. El miércoles 11 de agosto se alcanzaron los 3 millones de casos confirmados desde el inicio de esta emergencia sanitaria, y un día después la cifra récord de casi 25 mil nuevos casos en un solo día.
La llamada tercera ola, con la variante Delta, ha provocado en tan sólo unas semanas un incremento repentino en la ocupación hospitalaria. Esta incidencia de contagios se ha dado principalmente entre gente joven y adultos no vacunados. Pero también los niños han empezado a ingresar a los hospitales por esta enfermedad, no sólo en México, sino también en el sur de los Estados Unidos.
En este panorama epidemiológico, las autoridades educativas sólo han presentado un plan general de limpieza a las escuelas, y han solicitado que sean los padres de familia quienes nos responsabilicemos por la salud de nuestros hijos. No existe un plan dinámico para contener el riesgo. Muchas escuelas en el país tienen carencias de agua potable y espacios ventilados, no es la misma realidad para una escuela de la alcaldía Benito Juárez en la CDMX, que para aquellas que están en la sierra de Zongolica, Veracruz.
Desde mi punto de vista, como experta en salud pública, no existen condiciones para un regreso a clases seguro. No se trata de trivializar la tragedia ni la magnitud del problema, como han hecho los políticos con algunas desafortunadas declaraciones, como: “llueva, truene o relampaguee”. A finales del mes de julio, el periódico El Financiero realizó una encuesta en la que el 62% de los entrevistados manifestó su desacuerdo por el regreso a clases. Y otra vez hubo confrontación, “no me importa que la mayoría no esté pensando en regresar”.
Es responsabilidad del Estado mexicano velar por la salud de toda la población. Y encontrar una salida óptima para que nuestros hijos acudan sin riesgo a clases presenciales. El panorama frente a esta tercera ola es preocupante: apenas se ha vacunado al 22% de la población adulta en un esquema completo. También hay incertidumbre y poca confianza sobre la seguridad y eficacia de la vacuna CanSino, que fue aplicada a los maestros. Se ha incrementado el número de hospitalizaciones de una manera acelerada en varias entidades del país. Y seguimos sin usar de manera obligatoria el cubrebocas o mascarilla, que es la manera más eficaz de no contagiarse.
No tenemos certidumbre de que las niñas, niños y adolescentes puedan permanecer por muchas horas en un salón de clases sin haberse contagiado. La mayoría de las aulas en México no tienen suficiente ventilación y eso provoca que los alumnos estén expuestos por muchas horas al CO2, que es el gas que expulsamos al respirar. Se requiere invertir en medidores digitales para poder establecer un plan dinámico en cada grupo de estudiantes y con ello evitar que las partículas del virus queden en el aire sin control. Se necesitan otras medidas sanitarias para este plan seguro: uso permanente del cubrebocas, agua potable para lavarse las manos, sana distancia de cuando menos metro y medio entre cada persona, y cuidar el aforo en función de la ventilación de cada salón de clases.
No estoy en contra de un regreso a clases seguro para la salud de nuestros hijos. Pero tampoco estoy a favor de que las decisiones políticas y administrativas prevalezcan cuando lo que demandan los padres de familia es una respuesta organizada y coherente, basada en principios científicos.
