En un boletín emitido el pasado 19 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, Florida, manifestó su enérgica condena por el clima de amenaza, secuestro y asesinatos en contra de medios de comunicación y periodistas, a raíz de hechos recientes que se inscriben en el clima de inseguridad que lacera a México, con resultados trágicos en quienes ejercemos la noble labor periodística. La SIP y sus comisiones auxiliares se han extrañado de la impunidad que existe durante la actual administración, de la llamada Cuarta Transformación, por el asesinato de periodistas y ataques a medios de comunicación, que han ubicado a nuestro país por arriba de Afganistán y otros, en materia de amenazas a la libertad de expresión.
Sólo en los primeros días de enero de 2022, se han registrado al menos dos hechos graves que todos los medios, sin importar colores ni tendencias, no debemos dejar pasar desapercibidos. El pasado 10 de enero, José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, fue atacado con un arma punzocortante durante un supuesto asalto, en el puerto de Veracruz. El cadáver de Gamboa fue identificado por la familia el 14 de enero. Sobre este crimen el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que podría estar ligado a su labor periodística. En su canal en YouTube, Gamboa entrevistaba a políticos y publicaba denuncias locales. Hay que recordar que, recientemente, luego de la aprehensión y consignación del diputado local, Gustavo Díaz Sánchez, la hoy víctima aportó información importante sobre la inseguridad y la actividad de grupos criminales en la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca.
El pasado 17 de enero, Margarito Martínez, de 49 años, fotorreportero independiente, fue baleado cuando salía de su domicilio en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Trabajaba para varios medios nacionales e internacionales. Días antes del asesinato, Martínez había solicitado su incorporación al mecanismo estatal de protección para periodistas, luego de que un ex policía lo acusara de ser editor de dos páginas de Facebook dedicadas a la publicación de crímenes. Temía represalias de grupos criminales. La Fiscalía General de Justicia del Estado constató que el arma usada en el asesinato del fotógrafo había sido utilizada en otros cinco hechos delictivos ocurridos entre mayo y junio de 2020. Las autoridades investigan también si hubo otro móvil, aparte de su trabajo como comunicador.
