En este espacio he escrito reiteradamente sobre los ataques que desde la silla presidencial y los brazos de la 4T se dan en contra de los medios de comunicación y los periodistas no afines al régimen, quienes, les guste o no, dan voz a una gran parte de la sociedad, por lo que cuando se ataca a la prensa también se ataca a la libertad de expresión del pueblo mexicano.
Es natural que esta libertad fundamental resulte incómoda a los regímenes autoritarios como el que hoy nos gobierna a nivel federal; sin embargo, ello no justifica, bajo ninguna circunstancia, los constantes y cínicos embates con los cuales buscan coartar dicho derecho humano.
Lo anterior ha sido una práctica reiterada desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo la mayoría absoluta e incluso calificada en la Cámara de Diputados, absoluta en el Senado de la República y, cuando menos simple, en 21 de los 32 congresos locales, incluido el de Oaxaca. Así, tenemos que el principal promotor de los ataques cada vez más constantes en contra de la libertad de expresión es precisamente AMLO, quien casi diario, en sus conferencias matutinas, descalifica a la prensa.
Y ahora esos ataques se extienden a organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales que, atinadamente, señalan los errores del actual gobierno y la corrupción que aún impera en la Administración Pública Federal, a pesar de que la lucha anticorrupción es una de las principales banderas de AMLO desde su campaña.
En ese tenor, en últimos días ocurrieron cuatro sucesos que merecen ser abordados.
A inicios de semana, la Secretaría de la Función Pública multó desproporcionalmente e inhabilitó por dos años para contratar con la Federación y las entidades y los municipios (por lo que respecta a recursos federales) a la revista Nexos, la cual es, quizá, la publicación más incómoda –junto con el periódico Reforma– para la 4T.
Días después, el secretario de gobierno de Veracruz amenazó expresamente al periódico El Dictamen después de que este publicara un editorial que versó sobre él. Por si esto fuera poco, un diputado local de Morena en la CDMX propuso sancionar con cárcel a los periodistas que investiguen hechos de carpetas de investigación más allá de lo que las autoridades den a conocer de manera oficial.
Y, finalmente, el viernes el mismo López Obrador dio a conocer una supuesta investigación sobre el financiamiento de medios de comunicación como Animal Político y ONGs como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los cuales han publicado investigaciones demostrando la inviabilidad del Tren Maya.
Tal parece que el gobierno federal y la 4T exigen que quienes diferimos con AMLO expliquemos la razón y, además, prejuzgan que la razón de disenso sea el dinero.
Lo relatado en estas líneas no demuestra otra cosa más que la constante intimidación que el gobierno de López Obrador y la estructura de la 4T, en todos sus niveles, ejercen en contra de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil que les son incómodos. Así como en varias ocasiones han intentado hacerse del control o desaparecer las instituciones que se erigen como contrapeso al ejercicio arbitrario del poder, hoy van en contra de la libertad de expresión.
Desde este pequeño espacio mi solidaridad con los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, pero, sobre todo, con la libertad de expresión de las y los mexicanos. Luchemos por ella para poder seguir alzando la voz.
*Licenciado en Derecho por la IBERO CDMX.
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