A lo largo de su historia, pocas veces el país ha visto tanta barrabasada en tan poco tiempo. Aunque no han faltado los fanáticos que buscan por todos los medios justificar o minimizar dislates e imprudencias, lo cierto es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha tomado actitudes disparatadas y fuera de la ley. Hay millones de mexicanos que se sienten defraudados, decepcionados, arrepentidos. Una de esas conductas sesgadas y aberrantes, es la actitud que ha asumido en contra de los medios de comunicación, aún desde antes del affaire con Jorge Ramos Ávalos. Los apelativos acuñados a periodistas y medios de comunicación: prensa fifí, chayoteros, sicarios de la mafia del poder, golpeadores, etc., llevan la tendencia autoritaria a no tener contrapesos y actuar a espaldas de la ley y del pueblo. Por cumplir a un sector minoritario del magisterio afiliado a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y particularmente a la beligerante Sección 22, AMLO ha cometido desaciertos y bajezas, como es el famoso memorándum que giró a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Educación Pública y Hacienda y Crédito Público, conminándolos a desobedecer la Reforma Educativa, que pese a la amenaza de derogarla, sigue vigente en la Constitución.
La velada amenaza de López Obrador, al afirmar que la crítica de la prensa hacia su gobierno, puede tener repercusiones pues “ya ven cómo les va”, es un burdo llamado a acotar la libertad de expresión, por parte de turbas y fanáticos que pueden en cualquier momento imponer censura o acotar la libre expresión. Su intolerancia hacia cualquier cuestionamiento muestra una postura autoritaria, que está muy lejos del estadista que algún día soñaron al menos 30 millones de mexicanos que le apostaron su voto. AMLO se ha investido de un poder omnímodo que le permite en cualquier momento y circunstancia pitorrearse de los poderes Legislativo y Judicial. No es fortuita su insistencia en querer que el Senado autorice incrementar el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Todo ello concatenado no es el cambio que esperamos los mexicanos, sino una serie de desaciertos, dislates, ocurrencias y supuestos compromisos con sus fanáticos. El famoso memorándum fue duramente cuestionado por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No tarda en que arremeta en contra de dicho órgano.
Perversidad aldeana
Con toda la mala fe que alguien pueda imaginar, vecinos y autoridades comunales de Santiago Yaitepec, cerraron la carretera que conduce a Santa Catarina Juquila, desde el pasado 15 de abril, es decir, justo cuando se iniciaba el período vacacional de Semana Santa. Los indígenas chatinos, taimados, saben que dicha temporada es una bocanada de aire fresco para su vecina, habida cuenta de que arriban no menos de 100 mil personas que acuden a visitar el santuario de la Virgen de Juquila. No se trata desde luego de incumplimiento de acuerdos ni nada parecido, fue la mala voluntad de quienes bloquearon la carretera. El asunto agrario se quiso resolver con un ficticio acuerdo de paz que, por segunda ocasión, se suscribió entre ambos pueblos que, todo mundo sabe, libran un diferendo agrario que lleva más de cien años. De muy poco sirvió que el gobernador Alejandro Murat firmara como testigo de calidad, si en menos de un mes una de las partes involucradas le dio la vuelta al acuerdo de paz y conciliación. La comunidad chatina no cumple. Es lo que quedó claro y además, desafía a la autoridad estatal.
El famoso bloqueo afectó de manera directa a Juquila, en pleno período vacacional, haciendo de dicha comunidad un lugar desolado y fantasmal. De poco sirvieron las presiones de al menos una decena de presidentes municipales de la costa oaxaqueña, de Huatulco a Pinotepa Nacional, quienes pidieron al gobernador intervenir. El bloqueo se mantuvo haciendo caso omiso de los llamados. Ésta es una muestra de que al no haber voluntad política para aplicar la ley y proceder al desalojo, cualquiera se pitorrea del gobierno y hace lo que le viene en gana. ¿Será que la administración de Murat Hinojosa, está ya planeando el tercer acuerdo fallido de paz, luego de dos que han resultado infructuosos? Es evidente que el asunto no es de competencia estatal sino que debe ser resuelto en las instancias judiciales competentes. Sin embargo, los titiriteros de Yaitepec, que a fuerza quieren recuperar El Pedimento, están cubiertos al parecer por una coraza de impunidad. Se sabe que ministros de la Iglesia y algunos dirigentes políticos están metidos a fondo. No obstante las afectaciones generadas a la sociedad civil, han movido perversamente a los chatinos de Yaitepec para que vuelquen su odio en contra de los juquileños.
