No están errados aquellos empresarios o ciudadanos que han calificado la productividad de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como mediática, pero ineficaz. Y nos referimos a dos de las leyes recientemente aprobadas, como es la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que, luego de haberse dado un período de gracia por casi un año, a los negocios que venden recipientes de plástico y unicel, estos productos siguen vendiéndose como si nada. La citada ley entró en vigor, se presume, el pasado 25 de octubre, pero al parecer la falta de información, de vigilancia y aplicación de la norma, no ha tenido una vigencia generalizada. En efecto, como ya hemos dicho, los tiempos no son para restringir la venta de tal o cual artículo. La situación económica es apremiante. Sólo la insensibilidad de los llamados representantes populares ha hecho posible esta situación.
Otra iniciativa que tuvo cobertura hasta en medios nacionales e, inclusive, algunas legislaturas de otros estados estuvieron en un tris de copiarla, es la llamada Ley Chatarra, que prohíbe la venta de refrescos y comida de alto contenido de calorías a menores de edad. Sin embargo, tampoco se ha aplicado en la entidad. En su momento, en este mismo espacio editorial, opinamos que la ley en sí era aceptable, pero no en el momento cuando fue aprobada, justamente por la situación económica que ha traído consigo la crisis sanitaria de la que mucho hemos hablado. Tal vez en otras circunstancias hubiera sido aplaudida por tirios y troyanos, pero no en estas circunstancias, cuando miles y miles de familias oaxaqueñas viven de los pobres rendimientos de sus misceláneas y tienditas.
Los legisladores, más obstinados en figurar en los medios y ser objeto de loas, deben ubicarse en la realidad político, económico y social en la que viven. Oaxaca no es una entidad en donde el ciudadano tenga un ingreso per cápita considerable, sino con grandes limitaciones. Hay una gran pobreza diseminada en las ocho regiones. Tenemos una economía casi de subsistencia y no hay grandes industrias con salarios generosos. Aprobar leyes al vapor sólo para generar aplausos es lo más absurdo que hemos vivido. Se requiere seriedad y no sólo los reflectores mediáticos para aprobar leyes que a poco de ser validadas no tienen aplicación real. Urge pues mayor seriedad y no frivolidades; poner los pies en el suelo y no divagar.
Los opositores a todo
Mientras en algunas entidades del país los gobiernos estatales han decretado como obligatorio el uso del cubrebocas, como una medida más o menos eficaz para contener la diseminación del mortal virus del SARS-CoV2, aquí en Oaxaca se da una serie de contradicciones. Ante el rebrote del citado mal, diversos países europeos han dispuesto medidas enérgicas de confinamiento, arrestos y hasta detenciones para aquellos que no se aplican las medidas de prevención. Pero en nuestro país no aplica, menos en Oaxaca. Y son los opositores a todo incrustados en comisiones y organismos que dicen defender los derechos humanos, soslayando que lo que hay que proteger es la vida. Con esa filosofía contradictoria y absurda, cuando a mediados de abril el gobernador Alejandro Murat emitió un decreto para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, disponiendo de un arresto a quien no lo hiciera, de inmediato saltó a la palestra un membrete denominado “Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos”, Gobixha, para solicitar el amparo de un juzgado de distrito y echar abajo dicha disposición.
Cuántas muertes y cuánto dolor se hubieran evitado de haberse cumplido el decreto aludido. Tal vez no estuviéramos contabilizando los casi dos mil decesos que llevamos hasta hoy, con todas las consecuencias que ello ha traído. Un caso similar se dio hace unos días, cuando se difundieron en redes sociales algunos videos de la detención de ciudadanos que no usaban cubre-bocas en la Villa de Zaachila. Pese a la crítica, el presidente municipal de dicha población, Cástulo Bretón, con la experiencia en su propio Cabildo, en donde se han dado muertes por Covid-19, dispuso una medida radical y enérgica para contener en dicho municipio los contagios y decesos. Sin embargo, ya se ganó una escalada de descalificaciones y rechazo ciudadano.
La pregunta entonces es: ¿cómo contener contagios y muertes, aún a sabiendas de que nuestro país está catalogado como uno de los más peligrosos para vivir durante la pandemia y Oaxaca una de las entidades con elevada mortalidad? Los organismos públicos y de la sociedad civil que dicen defender los derechos humanos se han extralimitado en lo que presuntamente llevan a cabo, pues no han entendido que vivimos en una situación de excepción. Y van al revés, pues por defender las supuestas garantías individuales, han perdido de vista que es más importante salvaguardar la vida.
