Si bien los Derechos Humanos son un conjunto de prerrogativas y libertades inherentes a todos los seres humanos, no se trata sólo de preceptos legales, pues todos ellos son criterios de actuación ética y política que tienen como sustento la dignidad humana. Por ello, se debe insistir en la vigencia de un Estado de Derecho que implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no sólo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que los violen.
La justicia, dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caos de que cada quien la trate de hacer por propia mano, en un Estado de Derecho. Cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, grupo político o credo, no hay Estado de Derecho. Cuando permite que alguna persona o grupo, con la excusa de restablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre otros, no podemos hablar de justicia ni de un Estado de Derecho.
Ante tal situación, es fundamental insistir que es de capital importancia fortalecer un Estado democrático de derecho. Esto es, un estado de leyes e instituciones con una administración pública eficaz y eficiente, en el que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos. Una sociedad de derechos y obligaciones, un estado en el que todos tengamos todos los derechos, pero al mismo tiempo todos asumamos y cumplamos nuestros deberes y obligaciones.
En el país, pero en especial en Oaxaca, uno de los retos más importantes en materia de derechos humanos es abatir la impunidad ya que existen problemas de violaciones que se deben de atender con puntualidad, empezar a promover e impulsar una nueva cultura que permita su total erradicación, pues si bien se cuenta con una legislación ejemplar en derechos humanos, tanto a nivel nacional como global, con acuerdos y convenios internacionales más trascendentes en la materia, no se ve reflejada significativamente en la práctica.
Garantizar seguridad
El gran reto de las autoridades municipales, estatales y federales es mejorar las condiciones de seguridad ya que esta exigencia ha sido planteada en diversos foros por la sociedad, de ahí la importancia de garantizar la paz social y también que la ciudadanía participe en las propuestas para contar con mejor seguridad pública y condiciones de bienestar.
La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y del nuevo gobierno. Ésta se ha caracterizado por el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre y de desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.
Mientras mayor sea el número de voces y que los mismos ciudadanos, como afectados y actores de la sociedad tengan una participación activa en la denuncia, habrá una mayor posibilidad de respuesta de parte de las autoridades.
Sin duda, fortalecer los programas que evitan que la delincuencia se infiltre en la sociedad ayudará mucho más a la seguridad de una comunidad, y a la sensación que tiene una comunidad, junto con ello observar los resultados a nivel de la población: cuántas violaciones se han resuelto, cuántos asaltos a mano armada, cuántos secuestros y muchos más que agravian a los oaxaqueños.
El reto de la autoridades responsables es brindar seguridad y atender todos los reclamos, pues diversos sectores ya advirtieron que el fenómeno delictivo se agudizó, además de que el incremento de la delincuencia y el nivel de agresividad de los maleantes preocupan al romper con la seguridad que todos anhelamos.
El problema de la inseguridad no es privativo de una sola entidad, sin embargo, las autoridades deben cumplir con su responsabilidad y evitar que la seguridad física y patrimonial de la población esté en riesgo, pues la presencia delictiva en diversas regiones inhibe las actividades económicas y comerciales.
