• Actos Anticipados
• Amaga Sección 22
Ante el cúmulo de quejas que advierten que los procesos internos para elegir candidatos a la Presidencia de la República violentan la legislación electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias de INE tiene marcaje personal para conocer su papel y el de sus dos nuevos consejeros, pero en especial de la oaxaqueña Rita Bell López Vences. Desde esa Comisión, se han avalado los procesos internos que llevan tanto Morena y sus aliados PVEM-PT como el PAN, PRI y PRD para designar a un “coordinador nacional” y un “responsable nacional”, que al final se convertirán en su candidato o candidata presidencial.
Expertos advierten que esos procesos internos violentan la legislación electoral, por lo que la autoridad debe poner orden, pues disfrazados de procesos internos, Morena y la alianza entre PRI, PAN y PRD adelantaron el calendario electoral y, con los recorridos de sus aspirantes, están incurriendo, según la ley, en actos anticipados de precampaña.
La legislación es muy restrictiva, muy acotada y define cuáles son los actos anticipados, cuáles son los actos de campaña, pero hay que recordar que esta ley fue impulsada por quienes ahora están en el gobierno. Y de aquí a diciembre las autoridades electorales deben tomar previsiones importantes para evitar que, durante el proceso mismo, particularmente durante la campaña electoral, se presenten eventos que a la postre puedan ser motivo de descalificación de la elección.
… A VUELO DE PÁJARO
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), exhortó a los partidos políticos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, actores políticos para que se abstengan de realizar actos anticipados de precampaña o campaña electoral fuera de los plazos previstos para ello.
En caso de incumplir podrían iniciar los procedimientos correspondientes y que las sanciones pueden derivar en amonestación pública, multas económicas o incluso negativa de registro para las candidaturas que pretendan registrarse. Con esto se busca que los gobiernos municipales y estatal eviten incurrir en el uso de recursos públicos para la promoción personalizada.
Genética
El Laboratorio de Genética Molecular del Poder Judicial del Estado, es un espacio equipado con tecnología de vanguardia que permitirá la toma de muestras y análisis de pruebas de ADN solicitadas en diferentes causas judiciales, como las de reconocimiento de la paternidad. Actualmente personal de esta área trabaja en la integración de un Código de Ética, con el apoyo de la maestra Laura Castrogiovanni de la Universidad de Perugia, Italia, institución académica con la cual se imparte en Oaxaca la Maestría en Derecho Judicial. Una de las prioridades en la administración del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, es la de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de grupos vulnerables como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres; de ahí que el Laboratorio de Genética que inició funciones el pasado mes de mayo, tiene como meta revertir el rezago de 400 juicios de paternidad pendientes precisamente por la dilación en la práctica de la prueba pericial.
Nuevo amago
A la Sección 22 de la CNTE se le concedió todo lo que pidió y a pesar de ello, la dirigente sindical, Yenny Pérez Martínez amenazó con boicotear la celebración de los Lunes del Cerro programados para el 17 y 24 de julio, porque siguen “temas pendientes”. Para deslindarse de cualquier relación con la administración estatal, argumentó “el movimiento no es amigo de exgobiernos o del gobierno actual” y convocó a sus huestes estar atentos para emprender movilizaciones. Entre esas demandas se encuentran de justicia, procesos administrativos, pagos de incidencias, entrega de uniforme y útiles escolares de manera puntual, entre otros. No dicen que el gobierno estatal aporta para su Guelaguetza y otros beneficios.
¿Acabó el negocio?
En aras de terminar con actos de corrupción y el intermediarismo, el gobierno de Oaxaca presentó los criterios que normarán el Nuevo Modelo en Obras Públicas. La intención es erradicar los vicios, acabar los moches, la impunidad y las obras fantasma en anteriores administraciones. Uno de los nuevos criterios es impulsar un proceso de depuración permanente del padrón de contratistas y el de directores responsables de obra, contar con constructoras confiables, no factureras, ni prestanombres. También todas las obras que ejecutará el Gobierno serán contratadas a través de licitaciones públicas, con el fin de evaluar minuciosamente las propuestas y asignar la obra a la empresa que resulte más conveniente para la administración estatal.
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Volveremos.
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