El pasado fin de semana pasado trascendió que la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en la zona de Santa María Atzompa, en donde fueron liberados sesenta personas motivo de trata, que eran explotados por vivales. Ahí mismo dice la nota, había mujeres, algunas de ellas menores, que recién habían parido. La denuncia sobre explotación de niños y niñas que atiborran los cruceros de la capital no es nueva. En su mayoría son menores de edad que son traídos con engaños del estado de Chiapas y son explotados por tratantes de las etnias tzotzil y tzeltal. Son indígenas chiapanecos, en efecto, pero vienen a Oaxaca a delinquir prácticamente. En EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca ya hemos dado cuenta de esta situación y el modus operandi de los explotadores que, asimismo, abusarían sexualmente de niñas, las cuales en algunos cruceros, son vistas cargando en sus espaldas a recién nacidos. Es obvio que del caso está enterado el gobierno de la ciudad. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto pues cuando la autoridad inicia algunas acciones para evitar esta situación tan triste y lamentable, de inmediato responden las comisiones de derechos humanos para argumentar que se violentan los derechos de los niños y niñas.
La ciudadanía también se ha percatado de la forma tan ruin en la que dichos menores chiapanecos son explotados, pero sobre todo por el grave riesgo que implica verlos haciendo malabares en zonas consideradas como peligrosas, como por ejemplo el Periférico. En varios cruceros de la Colonia Reforma es común ver a menores pintados de la cara, algunos que no rebasan ni los seis años de edad, pidiendo la moneda. Desde este segmento editorial y desde hace al menos un par de años hemos exigido a las autoridades acciones concretas y contundentes para acabar con este tipo de prácticas, las cuales constituyen un delito. El número de menores explotados por vivales indígenas es arriba de una centena. No hay algún instrumento legal ni mucho menos es válido que los citados organismos de derechos humanos, pretendan cuestionar la acción gubernamental cuando se trata de un delito tipificado como trata de personas. Ya es tiempo de que estos membretes sigan defendiendo delincuentes. Hoy, como nunca en la historia jurídica del país, los derechos de niños y niñas están resguardados por la Constitución, sobre todo en torno a la ley que prohíbe el trabajo infantil y el derecho que ellos tienen a la educación.
Atentados vs derechos civiles
La torpe actuación de algunas de las llamadas defensorías o comisiones de derechos humanos, ha generado un clima de impunidad hacia minorías y una torpe defensa de las garantías individuales hacia las mayorías. Nos referimos a una constante violación a los derechos civiles en Oaxaca, a raíz de la institucionalización de los bloqueos en carreteras y calles citadinas. Con certeza y sin prejuzgar, hoy lunes tendremos nuevas sorpresas, pues la semana anterior terminamos con la misma historia de siempre: un grupo de vecinos de la agencia municipal “Vicente Guerrero”, municipio de la Villa de Zaachila, tomando como bandera que no han recibido recursos de los Ramos 28 y 33, tomaron la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura del cruce con la que va a Puerto Escondido, en el paraje conocido como la “Y”. El bloqueo se mantuvo durante tres días, con el consecuente daño a la estabilidad política, paz social y la economía de miles de vecinos de poblaciones que tienen en esta vía su única manera de llegar a la capital y vender sus productos. Nadie ignora que miles de oaxaqueños viven de esta temporada, justamente por la cercanía de la tradicional fiesta del “Día de Muertos”.
Y es que se percibe entre algunos, particularmente los que manejan el Cártel 22 un afán insano de afectar al ciudadano común, pero básicamente a la economía, al turismo y otros. El mejor ejemplo lo tenemos con el famoso Comité de Víctimas (Covic), ese membrete que se ha adueñado de la tranquilidad y la paz de una comunidad otrora tranquila y pacífica: Asunción Nochixtlán. Está por demás decir la soterrada costumbre de organizaciones sociales y membretes, de esos que abundan en el Istmo de Tehuantepec, de bloquear carreteras a diario. O es la Transístmica o la Internacional o la autopista. ¿Cómo mantener la seguridad de las inversiones, por ejemplo, para el Parque que en breve será inaugurado en la zona istmeña, por parte de la empresa “Eólica del Sur”, con miles de millones de dólares, con un clima adverso, de contante agitación y recurrente amenaza? No hay un solo día en que no sea tomado el puente de fierro de Tehuantepec, o el Canal 33 o parajes cercanos a Matías Romero. Estamos pues acotados de manera perpetua, ante comisiones o defensorías de derechos humanos que sólo ven un lado de la realidad, con un marcado estrabismo. Y ante cualquier intento de restituir los derechos de las mayorías afectadas, sólo se encogen de hombros de manera irresponsable.
