Gran estruendo causa el juicio penal derivado del ataque con ácido que sufrió la saxofonista María Elena. Es tal el ruido que los ojos de juristas, medios, Ongs y la sociedad en general, están vigilantes sobre la conducción del juicio.
Hay dos ingredientes que hacen más sonoro el bullicio: Primero, el presunto autor intelectual es el despechado político y empresario Juan Vera Carrizal, con grandes influencias y poder económico. Segundo, el estrépito mediático que potencia el clamor de justicia de grupos feministas y organizaciones civiles que alzan la bandera contra los feminicidios y activan con decisión la defensa de los derechos de la mujer.
La misma víctima, sus familiares y su abogada, alertan sobre la “agresividad” de los abogados del bufete que defiende al indiciado. Aunque, según dicen, “cobra en dólares”, nada pudieron alegar contra la decisión del juez de la causa al vincular a proceso al acusado Vera por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Dice la defensora de María Elena que, aunque esto no determina aún la culpabilidad del acusado, la primera decisión del juez “permite ver con buenos ojos” la decisión del Poder Judicial porque “deja ver la voluntad de acercar la justicia para María Elena”.
Otro asunto que crece en torno a este juicio que se torna en uno de los más observados, es la manera en que están aplicando el nuevo método procesal. Algunos abogados dicen que es un sistema de gran beneficio para los indiciados. “Es más fácil salvar a un indiciado de la cárcel que acusar a un delincuente”, suelen decir.
Un especialista consultado me dice una resolución o sentencia justa en el nuevo sistema procesal penal depende de la capacidad técnica de los operadores y de una investigación bien hecha. Para la opinión pública era importante saber si el acusado Vera Carrizal enfrentaría su proceso privado de su libertad o no. Es algo que ya se dio y hasta ahí se mantiene el beneficio de confianza hacia el poder judicial de Oaxaca, particularmente del juez de la causa.
La prueba de fuego para la Fiscalía serán la audiencia de calificación y la de juicio que serán para desahogar las pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa.
Tanto la Fiscalía como los abogados del indiciado en este caso, presumen pericia en el nuevo sistema procesal. Esto lo veremos en la habilidad de cada uno a la hora de demostrar con pruebas en la audiencia de juicio. “Esto es complicado, explica el jurista Eduardo Castillo, porque a diferencia del sistema procesal anterior, en el actual no pueden tomarse como pruebas lo que exista o haya existido en la carpeta de investigación”.
VIGIAS
El efecto mediático sobre el caso de la saxofonista obliga a las instancias de impartición de justicia a un trabajo transparente.
De cara a la Opinión Pública que ha manifestado sus dudas respecto a la impartición de justicia en el caso de María Elena, y ante la sospecha de alguna componenda legal para atenuar la sentencia en contra de Juan Vera Carrizal, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, dijo al columnista que “en todos los casos, pero de manera particular, en los asuntos que se relacionen con la violencia de género, el Poder Judicial de Oaxaca, será muy cuidadoso, muy sensible y todas las actuaciones se ajustarán conforme a la ley”.
Reiteró que este caso es un signo de cómo se procederá en el sistema de justicia local durante su administración: “este nuevo sistema procesal permite que la sociedad pueda juzgar las actuaciones de las y los jueces porque permite audiencias que son públicas”.
Comentó que, en el caso de María Elena, se limitó la asistencia de público por razones de la contingencia por el Covid-19, no obstante, “el juez permitió que estuvieran personas cercanas a la víctima y al imputado en igual número, la audiencia se llevó en términos igualitarios para las partes y finalmente el juzgador cumplió honestamente realizando una labor responsable durante una audiencia que duró más de 19 horas”. Agregó también que la sociedad debe tener seguridad de que el compromiso del PJE no está con ninguna de las partes de este o de algún otro caso, “el compromiso de esta institución es con la ley. La decisión que tomó el juez de vincular al imputado al proceso fue conforme a la ley y a las pruebas que aportaron las partes”.
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