Como mucho se ha mencionado en estos días, la aprehensión y vinculación a proceso del Secretario de Finanzas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Oaxaca, Marco Antonio Sánchez Cruz, como presunto responsable de un quíntuple homicidio, cometido en 2013 en la comunidad de San Pedro Totolapam, pero además por su posible participación en otros hechos igualmente graves, como capo del transporte concesionado, permite atisbar en el horizonte que el gobierno de Alejandro Murat, luego de una excesiva tolerancia, está dispuesto a aplicar la ley. Cono lo hemos dicho en este mismo espacio y durante mucho tiempo, el transporte ha devenido en los últimos quince años, un verdadero cártel criminal. De esta suerte, si ya se perdió el miedo para ir a fondo y castigar conforme a la ley los delitos presuntamente cometidos por quienes fueron empoderados por el mismo Estado, habrá que medir con un rasero similar a otros sindicatos y mafias que gustan de caminar al filo de la legalidad y de manera constante, presionando y chantajeando al gobierno, tomando como rehén al pueblo. No debe temblarle la mano a Murat Hinojosa para medir con la misma regla a quienes regentean el Sindicato Libertad y a la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO).
Es evidente que al igual que los grupos criminales, los sindicatos de transportistas afiliados a la CTM buscarán de inmediato apelar a las fórmulas de la presión, que desde el martes pasado exhibieron, con bloqueos carreteros y en vialidades. Eso ya no debe permitirse. El Estado debe aplicar a Ley de Transporte vigente, que dispone que los usufructuarios pueden perder la concesión si se empecinan en montar bloqueos. Asimismo, hay que ir a fondo con maestros y normalistas que asumen de facto ser intocables. La ley no permite resquicios de fueros o privilegios. Es de observancia general y debe aplicarse con dureza. La suerte está echada y no hay que ceder un ápice. Ni arraigos domiciliarios ni procesos en casa. La prisión preventiva fue creada para resarcir a la sociedad de los daños causados por quienes delinquen no como un sistema de vigilar y castigar simplemente. La ciudadanía oaxaqueña que ha aplaudido esta acción del gobierno de Murat Hinojosa, se sentiría defraudada de aplicarse de nueva cuenta la sentencia juarista: a los amigos justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas.
¿Y los maestros qué?
Un sentimiento generalizado entre la sociedad oaxaqueña es que aquí ya no se puede vivir. Los bloqueos son cuestión cotidiana. Bloquea el maestro, el comunero, el obrero, padres de familia, empleados de gobierno, taxistas, moto-taxista, etc. Esta manida fórmula de presión se ha generalizado. Sólo basta que se junten diez o poco más de sujetos, secuestren autobuses de transporte urbano o camiones, para paralizar la ciudad o el estado, en un hecho que jamás se castiga. En tiempos electorales, es evidente que nadie quiere tocar el tema ni, mucho menos los y las legisladoras sobre todo de partidos de izquierda, PRD o MORENA. Ninguno querrá abordar este rubro en tribuna. Saben y están convencidos de que esa forma les beneficia y que hay que solapar a sus seguidores para que la sigan utilizando. El magisterio afiliado a la Sección 22 y la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), pareciera que se rigen por otro estatuto y no precisamente por nuestro sistema constitucional, sino que gozan de fuero y privilegios que lo hace intocables. El pasado lunes penetraron a oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y destruyeron mobiliario, documentos, etc. El martes y ayer hicieron de las suyas en los bloqueos al Aeropuerto y Hacienda Blanca. Nadie, hasta este momento, ha llamado a cuentas a los responsables. Insistimos: se asumen intocables.
Esta situación al igual que la impunidad que durante muchos años arrastraron los capos del transporte, ofende al sentido común. Es agravio para el pueblo oaxaqueño que durante 37 años ha soportado el infierno de plantones, marchas, ausentismo escolar y los sobados bloqueos. El gobierno de Alejandro Murat debe canalizar todo aquello que corresponda al magisterio a las instancias correspondientes. Desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó la potestad de todo aquello que compete a la educación, el gobierno estatal ha limitado sus funciones al respecto. Nada tiene que tratar la Sección 22 que sigue empecinada en presionar aquí y allá, como la llamada “toma de nota”, que les fue entregada por las autoridades laborales del país y que el gobernador Murat Hinojosa gestionó ante el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Con certeza, con toma de nota o no, el empecinamiento, la cerrazón, la terquedad en seguir fastidiando a la ciudadanía habrá de continuar. He ahí el por qué el pueblo aplaudiría cualquier acción conforme a Derecho, que asuma el ejecutivo estatal.
