Hace poco más de un mes, mientras un grupo de propietarios y trabajadores de funerarias realizaban una protesta frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, se suscitó un hecho reprobable en todos los sentidos de la palabra. Quienes protestaban, como mecanismo de presión para que los vecinos de la Colonia del Maestro dejaran abrir una funeraria y un horno crematorio, coparon con sus carrozas fúnebres las principales calles del centro. Para este efecto se hicieron acompañar de golpeadores y sujetos violentos, con los que anteriormente pretendieron intimidar a los vecinos inconformes de la referida colonia. Cuando los representantes de los medios de comunicación acudieron a cubrir la nota, dichos sujetos arremetieron en contra de nuestros compañeros, ocasionando heridas de gravedad en el rostro, a Othón García Díaz, de un diario que circula en la capital y lesiones a otro colega de un portal de noticias.
El pasado primero de septiembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), por instrucciones de la Fiscalía General del Estado, detuvieron en la zona de Santa María Atzompa, a Julio César L.L., como presunto responsable de la agresión al periodista García Díaz, cumpliendo así una exigencia del gremio, permanentemente agredido por sicarios del transporte o golpeadores a sueldo. Sin embargo, ¡oh, sorpresa!, con el argumento de que la carpeta de investigación tenía inconsistencias o simplemente no se acreditaba la responsabilidad del indiciado, la jueza de control le otorgó la libertad. Es decir, el agresor no estuvo ni cinco horas sujeto a detención. Es evidente pues que nuestro sistema de justicia penal tiene muchos vacíos, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores.
No se trata de cumplir o no con el debido proceso, sino de la celeridad con la que jueces o juezas ponen en libertad a delincuentes consumados, buscando los recovecos que no cumplió el Ministerio Público. En las últimas semanas se han llevado a cabo en el Senado de la República foros de discusión sobre el sistema acusatorio adversarial, cuyas inconsistencias y debilidades, insistimos, han servido como puerta giratoria para que verdaderos criminales, violadores, extorsionadores, narcotraficantes y demás, sigan en la calle. El caso del sujeto que nos ocupa es emblemático de la simplificación del ejercicio penal, por parte de quienes imparten justicia.
Un campo sin apoyo
La forma tan superficial con la que gobierno federal y estatales ven al campo, ha contribuido a la falta de apoyos. Responsabilidad de ello tienen las formas corruptas del pasado, en las que los subsidios, programas o apoyos financieros a los productores, siempre sirvieron para el enriquecimiento de ex funcionarios o de dirigentes campesinos que se quedaban con la mayor parte. Es decir, muchas veces los programas vinculados al campo no llegaban a los verdaderos beneficiarios. Ahí han prevalecido los intermediarios, los acaparadores, los coyotes, etc. Los peores vicios se han arraigado en la relación gobierno-agricultores o productores y el resultado está a la vista. El sector primario de la economía, de donde sobrevive la industria, el comercio y otros rubros, está en completo abandono. Y durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la cuestión se ha exacerbado, justamente por la psicosis de la corrupción.
Sin embargo, tampoco los nuevos íconos de la moral pública han estado exentos de corruptelas. Ya se han dado escándalos y renuncias de ex funcionarios, por la venta fraudulenta de semillas o fertilizantes. En Guerrero, por ejemplo. Y así como en dicha entidad, lo único que se ha visto en los últimos meses, es que cientos de campesinos van a diversas sucursales bancarias a cambiar sus cheques que, por supuesto, ello no implica apoyos al agro mexicano. Se otorgan dádivas, eso sí, pero no para estimular la productividad, sino para mantener quietos a los campesinos que, al menos en Oaxaca, se quejan de que ya ni siquiera maíz pueden producir. Una situación grave, si se parte de la premisa de que el eje de la alimentación de nuestro pueblo es, justamente, dicho producto.
En el ámbito estatal, mucho se ha señalado que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), ha soslayado la instrumentación de programas. Las quejas de agricultores que han perdido sus cultivos o éstos han sido siniestrados por tormentas o sismos, están a la orden del día, al igual que la falta de apoyos. Lo que se advierte en el horizonte es una terrible crisis económica post-pandemia que, de no atender el sector primario, puede traducirse en una inédita hambruna de la que no hay antecedentes. Tanto el gobierno federal como el estatal deben tomar las providencias necesarias y atender con prontitud, la problemática del campo oaxaqueño.
