Ha sorprendido en los últimos días que luego de que las bancadas de los diversos partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado, hayan dado un paso importante en la dinámica de eliminar el fuero, los (as) diputados (as) del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), saquen a colación el tema del juicio político. Es importante, porque tal parece que dicho partido opera con ánimo exclusivamente electorero y no de cumplir con las expectativas que el pueblo oaxaqueño espera de sus representantes populares. En la misma tesitura ha caminado en su propuesta de Ley de Protección a Periodistas, en donde, a diferencia de otros partidos como el PRD o el PRI, ubica en un solo costal a los comunicadores y a los defensores de los derechos humanos, oficios diferentes y cada uno con su propia especificidad. En el caso del juicio político, hay que recordar que el tema se puso en evidencia, cuando un grupo de legisladores (as) promovía dicha figura para el ex gobernador Gabino Cué, encubriendo con esa soterrada actitud la aplicación simple y llana de la ley, que es otra cosa. Para los infractores de la norma, no es con juicio político como se puede castigar, sino con penas corporales y la dureza de la ley.
La eliminación del fuero, que ha sido una exigencia de la sociedad civil mexicana en los últimos años, va más allá que ficciones como es el caso del juicio político que, como hemos visto en casos muy sonados, nunca ha funcionado. La semana pasada, diputados (as) de diversos partidos aprobaron el dictamen para la eliminación del fuero, sólo falta que el mismo sea sometido al pleno. No obstante, como lo mencionamos líneas arriba, existe la oposición de MORENA, con el pueril argumento de que en dicho dictamen no se aborda el tema del juicio político. Diversas opiniones coinciden en que al eliminar el fuero, de manera automática queda eliminado asimismo el multicitado juicio político. El tema de que se trata tiene que ser necesariamente despojado de su carga estrictamente política-electoral. De ser así no se avanzará en esta exigencia ciudadana, sino que seguiremos entrampados en discusiones sin sentido y jaloneos políticos y legislativos que poco contribuyen a mejorar el andamiaje jurídico de Oaxaca. Siempre hemos de insistir en que el llamado juicio político debe ser sustituido por instrumentos más modernos, que no sean artificios para proteger a funcionarios o ex funcionarios venales, corruptos o transgresores de la ley.
El bloqueo perpetuo
¿Por qué el bloqueo se ha vuelto tan común en Oaxaca, que en lugar de aminorar en la actual administración, se ha convertido en el instrumento cotidiano de organizaciones, sindicatos, maestros, normalistas, comuneros, campesinos, productores y cualquier imbécil que busca sacarle algo al gobierno? En efecto, la cantidad de protestas y bloqueos se han multiplicado en el gobierno de Alejandro Murat. El de Gabino Cué se queda corto. Si los oaxaqueños pensábamos que cambiaría el estado de cosas y crisis de la anterior administración, de plano nos equivocamos. A esta forma burda, torpe y perversa se la han buscado muchas motivaciones y causas generatrices. Se dice que no hay negociadores oficiales o los que existen no corresponden a los intereses del actual gobierno. También se insiste en que es el miedo del gobierno a aplicar la ley lo que ha hecho que los grupos que bloquean por todo o por nada, lo hacen a placer. También se comenta en los corrillos políticos que se está aplicando, en perjuicio de la ciudadanía, la teoría del conflicto y el caos. Es decir, que los bloqueos son generados por los mismos operadores oficiales u oficiosos, para ser ellos mismos a la vez, incendiario y bomberos. Pero detrás de todo hay un razonamiento.
Oaxaca arrastra tal pobreza y nulo crecimiento económico, precisamente por esa efervescencia política y protesta social, que ante la carencia de recursos o presupuesto para hacerles frente como en la época de bonanza, la disputa por el mendrugo de pan hace que todos a la vez vayan en busca del mismo. He ahí el por qué, casi al unísono, están bloqueadas las carreteras del Istmo, las de la Sierra Sur, los Valles Centrales y otros. Es el hambre lo que mueve a los enfrentamientos entre transportistas; a los dirigentes que quieren seguir sorbiendo de la ubre gubernamental a placer sin rendir cuentas; pero también la apatía del gobierno estatal para aplicar la ley, con la mirada puesta en el año que viene, que es electoral y en donde aún se apuesta a un remoto triunfo en el partido en el poder estatal. Las cosas habrán de empeorar -dicen los analistas del entorno político- pues grupos, organizaciones y sindicatos mafiosos seguirán presionando para colapsar lo poco que queda aún de civilidad y de gobernanza, la cual, en opinión de quienes tienen hoy el mando, bien puede naufragar.
