Desde finales de los 80 me tocó reportear para el diario Carteles del Sur el movimiento político que iniciaron en Juchitán, un grupo de jóvenes audaces liderados por Héctor Sánchez, Leopoldo de Gyves, Daniel López Nelio, entre otros. Iniciaron con las siglas COCEI y abanderaron la idea de desterrar la corrupción, los cacicazgos y catapultar a su pueblo hacia el desarrollo. Después de casi medio siglo de detentar el poder municipal, terminaron por dar carta de naturalización a los mismos vicios que decían combatir.
Hoy, Juchitán tiene los más altos índices de inseguridad y el gobierno municipal, siempre en manos de la COCEI, con excepción de dos trienios en que ganó el PRI, es señalado como icono de la corrupción. El mes pasado, en las redes circularon montos de la nómina donde los principales líderes de COCEI cobran millonarias cantidades de dinero, sin trabajar. Buena parte del presupuesto municipal es desviado para solventar una especie de “pago de protección” a todos los grupos políticos ligados a la COCEI y al PRI. Es una especie de reparto de botín para que los sucesivos presidentes municipales puedan “gobernar” sin tantos sobresaltos.
Reacciones
He dicho que la cadena de catástrofes -sequía, huracanes, terremotos y hoy tolvaneras- hizo lo que no pudieron autoridades federales y estatales: poner al descubierto la pudrición del modus operandi de los políticos juchitecos.
Expuesto el cochinero de los sucesivos Ayuntamientos de Juchitán y los grupos de poder juchitecos, los viejos caciques de la COCEI sintieron otro golpe devastador cuando no les permitieron meter mano al reparto de ayuda humanitaria ni en el manejo del dinero público para los damnificados. Estaban seguros de que podrían acrecentar clientela política a partir de que la presidenta municipal Gloria Sánchez López, encabezara la distribución. La orden fue: no lucrar políticamente con esos recursos.
En reconocimiento a la alta credibilidad de las fuerzas armadas, el gobierno federal les asignó esta tarea.
Los viejos caciques de la COCEI parecían aturdidos pero ya están reaccionando. Desempolvan sus viejos métodos de presión y chantaje político y van a lo suyo: la movilización de la masa informe con peticiones absurdas. La COCEI es considerada iniciadora de la rentable industria de la protesta. La retoma el cártel 22 con mayor beligerancia y una gran ventaja: moviliza a maestros con salario, ansiosos de mejores sueldos. Pero a los que mejor utilizan para sus fines políticos son los empobrecidos campesinos entre los que predica ideas que -rememorando al Sabio de Baltimore- “sabe falsas entre personas que sabe idiotas”.
Su reacción no podía ser de otra manera. Insistente la COCEI en que debe tener mano en el reparto de dinero público para la reconstrucción de viviendas en Juchitán, anuncia una movilización de sus seguidores con la consigna: “queremos viviendas dignas”.
Cualquiera que sea el vocablo para definir esta práctica tan recurrente entre los “líderes” de las organizaciones “sociales”, lo cierto es que quieren lucrar con las desgracias naturales.
Viendo la reacción de los damnificados de Juchitán, Ixtaltepec y otras poblaciones del Istmo contra autoridades municipales y dirigentes de diversas organizaciones, de todos los partidos, que han sido sorprendidos haciendo proselitismo político, no creo que los coceistas puedan convencer con la movilización que anuncian para mañana 18.
Buen negocio
La agitación política es un recurso muy recurrente y, por lo mismo, muy cuestionado. Pese a todo, sigue siendo práctica muy redituable, económica y políticamente.
No hay que invertir mucho. Solo se requiere audacia para juntar a un grupo de precaristas y movilizarlos a cambio de una torta, refresco y la promesa de sacarlos de la miseria. El gancho de hoy es “vivienda digna” que debe darles el gobierno. Esta petición de la COCEI no es nueva. Para retener a los centroamericanos que pasan por Juchitán, les ofrecen “vivienda digna”. Primero, los organizan para invadir predios particulares o del gobierno, después sus diputados gestionan escrituras que les entregan a cambio de lealtad política para utilizarlos como carne de marchas y plantones.
El discurso convincente es de un “líder social” justiciero que obtiene del Ayuntamiento juchiteco dinero para la movilización que va escalando hasta llegar al bloqueo de calles, carreteras, toma de edificios públicos y hasta secuestro de funcionarios.
De acuerdo al monto serán los decibeles y agresividad en la movilización. La cosa es atraer la atención de las organizaciones de izquierda y defensores de derechos humanos, por eso el cártel 22 se alista.
El monto de la negociación será de acuerdo al tamaño de la protesta.
Cuando concluya la negociación, la servidumbre humana que llena las marchas y plantones, se irá a casa, si acaso, con alguna dádiva esperando que lo inviten a la próxima movilización. Así operan.
SE REAGRUPAN
Obvio, no van solos. También requieren aliados políticos. Han encontrado el momento coyuntural que significa el avance en las pesquisas contra los saqueadores del sexenio pasado. Gabinistas con careta de vergonzantes como el senador chilango Robles Montoya, los diputados José Antonio Estefan y Carol Altamirano, según me informan, van juntos con los caciques de la COCEI en la organización de la marcha. Están agitando con un objetivo claro: que Jorge Castillo no llegue a la cárcel.
Normalmente, cuando estos grupos ponen a caminar la industria del chantaje político, es para obtener dinero o concesiones políticas. Lo hacen así ante gobernantes timoratos para que pronto accedan y negocien. Buscan también provocar el uso de la fuerza pública.
Podemos decir que no es el caso de Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ha dado muestras de su decisión de acotar la impunidad, de mantener negociaciones políticas sensatas y tratar de dignificar la política.
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