Si algo distingue a México como nación es el cúmulo de denuncias, acusaciones y señalamientos que se hace sobre personajes públicos, los más de ellos sin consecuencia alguna.
Continuamente los personajes públicos, artistas, deportistas y, principalmente, políticos, se encuentran inmersos en una serie de precisiones que la población no alcanza a digerir rápidamente.
Los acontecimientos se suceden en cadena y ni siquiera van relacionados unos con otros, pero aterra la velocidad con que se presentan.
México es una nación en vías de crecimiento, con una democracia inconclusa que provoca muchas dudas y donde la justicia se aplica selectivamente, ya que no se mide con el mismo rasero a sospechosos de delitos varios o incluso, similares.
El petróleo, el turismo, su historia y la oportunidad de negocios atrae capitales e inversionistas de distintas partes del mundo, aunque podrían ser más, pero los constantes señalamientos contra funcionarios, exfuncionarios, gobernantes y exgobernantes, todos en la línea del servicio público, aleja la posibilidad de mayores inversiones y jala otros interesados en la facilidad con que se levantan fortunas.
Unos cuantos días bastaron para destruir la imagen de varias figuras públicas, jóvenes todos ellos, que habían ganado prestigio en sus respectivas áreas, llegando al poder y a la fama antes de cumplir los 40 años.
Son los jóvenes los que podrían ver su futuro, afectado por tratarse de una misma generación de destacados personajes en cada una de sus áreas.
Curioso resulta que parte de esta generación se pudra y unos antes y otros después son indiciados por delitos varios.
Primero aparecieron los desvíos de recursos, aprovechamiento del cargo público y otros delitos que les son imputados a los exgobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, quienes alcanzaron la meta de gobernar sus respectivos estados a los 37 años el primero y a los 31 el segundo.
Los dos personajes se encuentran en prisión, uno fue extraditado de Guatemala y el otro lo será pronto, de Panamá, ya que los dos escaparon de México al saberse denunciados por delitos varios.
Pero si los políticos son una parte importante de la corrupción que ahoga al país en algunos sitios y se les vincula constantemente con las redes de poder que protegen a la delincuencia organizada, aunque ha sido difícil de probarlo, la noticia que sacudió recientemente todas las esferas públicas es la referente a dos jóvenes, figuras públicas, pero no políticos.
Julio César (Julión) Álvarez y Rafael Márquez, uno cantante grupero, el otro futbolista fueron involucrados en una red de lavado de dinero, vinculado a un presunto narcotraficante, detenido unos días antes.
Raúl Flores, tendió su red de empresas, en las que en algunos de los casos, tanto Álvarez como Márquez, fueron partícipes, aunque ellos niegan haberlo sabido.
La noticia, como sucede en todo relacionado con la delincuencia organizada, provino del gobierno de Estados Unidos, el que dio a conocer el diagrama de participación de estos dos jóvenes y una veintena de personas más.
Apenas unos días antes, Julión, el cantante, había sido invitado a una gira presidencial, por su entidad natal, Chiapas, donde el Ejecutivo federal exaltó que resultaba ser un ejemplo para la juventud.
Una foto del primer mandatario al lado del intérprete fue subida a redes sociales, misma que pronto fue bajada, cuando se conoció la noticia de su presunto involucramiento en la red de negocios de Flores.
Con Márquez sucedió lo mismo, aunque en lo suyo toda fue más severo, ya que las empresas fundaciones y demás negocios de futbolistas recibieron apoyos del gobierno federal, hasta por más de cien millones de pesos.
A los dos, Álvarez y Márquez, les fueron canceladas sus visas de ingreso a Estados Unidos, así como congeladas sus cuentas bancarias, tanto en México como en Estados Unidos.
Otros dos jóvenes, menores de 40 años marcados por la eventual mezcla en negocios vinculados a la delincuencia.
Emilio Lozoya Austin, de 42 años, fue designado director de Pemex a los 38 años de edad, lo que situó en los cuernos de la luna, dentro del gobierno federal, por ser la principal empresa paraestatal.
Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalman, exsecretario de Energía y exdirector del ISSSTE en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se convirtió en uno de los prospectos políticos con mayor futuro.
Su desempeño en la dirección de Pemex es fuertemente cuestionado y se le acusa de recibir sobornos del extranjero.
Odebrecht, una firma brasileña, famosa por repartir sobornos por varios países, a cambio de contratos y que, presuntamente, involucró al exdirector de Pemex, quien dejó la paraestatal en condiciones nada óptimas.
La denuncia en su contra es por supuestos sobornos de 10 millones de dólares, por lo que legisladores de la oposición pidieron su inmediata detención.
Cada uno de estos casos que son denunciados ante las autoridades competentes, han recibido por parte de los acusados manifestaciones de inocencia.
Claro que corresponde a la justicia validar o rechazar los señalamientos que se les hacen, aunque el señalamiento de su posible involucramiento trajo consigo casi un linchamiento público de cada uno de ellos, sin saber todavía el grado de responsabilidad que tienen o si son, simplemente y llanamente, inocentes, aunque en el caso de los políticos parece no haber duda de que cometieron varios de los delitos de los que son acusados.
Lo grave de estos es que cada uno de ellos deja mal parado a las generaciones de jóvenes que verán frenados su desarrollo, de alguna forma.
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