• Daño a Educación
• Reforma Electoral
El crimen contra Noelia Daylen en Juchitán, es una herida profunda que refleja fallas múltiples: del Estado, de la comunidad, de los mecanismos de protección para niñas y mujeres, y de la seguridad en territorios dominados por el crimen. La zozobra que se instala no es sólo por el acto concreto, sino por la duda: ¿y si vuelve a ocurrir?.
Es urgente que este caso no quede en estadísticas frías ni se diluya en la impunidad. La exigencia social debe convertirse en impulso institucional real, de modo que las niñas de Oaxaca -y en todo México- puedan dejar de ser víctimas y empiecen a ser garantizadas como ciudadanas seguras.
Por ello urge establecer procesos de investigación con enfoque de infancia, que no se limite a imputaciones genéricas, sino que se reconstruyan los hechos considerando las víctimas menores de edad como sujetos de derechos especiales.
Transparencia en la investigación: avances, medidas de protección para los familiares, comunicación abierta con la comunidad.
Aunado a lo anterior, prevención integral en territorios de riesgo, no solo vigilancia policiaca, sino programas de protección comunitaria, pedagogía de derechos humanos, fortalecimiento de redes de alerta temprana en contextos familiares vulnerables.
Además de la reparación simbólica y real para la familia y la comunidad: reconocimiento del daño, acompañamiento psico-emocional para sobrevivientes, acciones que ayuden a recomponer el tejido social. El impacto de este crimen trasciende lo personal y afecta el tejido social de Juchitán y el Istmo.
Cuando una comunidad presencia asesinatos de niñas, madres y hombres en un mismo acto, se genera un miedo colectivo, una sensación de que nadie está seguro, incluso los más vulnerables, lo cual mina la confianza en las instituciones y la convivencia.
… A VUELO DE PÁJARO
Cuando la organización Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), informa que en este año aproximadamente el 13% de los feminicidios en Oaxaca son de niñas y adolescentes, se está ante un dato que exige una mirada específica: no basta con protocolos genéricos para feminicidio, se requiere una perspectiva de infancia en la investigación, atención y prevención. Este caso evidencia la necesidad de políticas que consideren simultáneamente género, edad, contexto comunitario y presencia del crimen organizado.
Sin clases
Inició el paro de labores de la Sección 22 de la CNTE para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma educativa Peña- AMLO, que perjudica a más de 800 mil estudiantes en Oaxaca y lesiona las actividades comerciales. Por dos días consecutivos, cada sector de las diferentes regiones del Estado alternará bloqueos en las casetas de peaje Ventanilla en la Costa, la caseta de cobro número 90 del Istmo, así como las de Suchixtlahuaca y Coixtlahuaca de la Mixteca. Como ha sucedido desde hace décadas, instalaron lonas y tiendas de campaña frente al Palacio de Gobierno, para dar cobertura a las movilizaciones.
Inoperante
Concebida como una institución autónoma, cercana a la ciudadanía y capaz de enfrentar la grave problemática de violaciones a derechos humanos en el estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) enfrenta un funcionamiento marcado por la ineficacia, la falta de independencia y una preocupante incapacidad para incidir en la vida pública. Uno de los problemas más evidentes es la lentitud en la atención de quejas y en la emisión de recomendaciones, que frecuentemente llegan tarde, cuando el daño ya es irreversible o las víctimas han desistido por agotamiento. Hoy organizaciones civiles que integran la Plataforma de Derechos Humanos lamentan su desempeño que ponen en riesgo a las personas defensoras.
Reforma
La reforma electoral en México ha sido presentada como una vía para fortalecer la democracia y reducir los costos del sistema político; sin embargo, sus implicaciones generan más dudas que certezas. La forma en que se han impulsado los cambios -con prisas legislativas, sin consenso y bajo una narrativa polarizante- revela una intención más política que democrática. El riesgo es que, bajo el discurso de la austeridad y la eficiencia, se debiliten los contrapesos que garantizan elecciones libres y equitativas. México necesita mejoras, pero no aquellas que comprometan la integridad electoral.
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