Cuando al ex gobernador Gabino Cué se le cuestionaba respecto a la constante toma de oficinas, bloqueos, chantaje y demás, por parte de grupos y organizaciones sociales durante su gobierno, se salía por la tangente con un argumento superficial: “es la prueba de un estado vivo”. Obvio, no es así. Se trata de la perfeccionada cultura del chantaje que en Oaxaca, se ha convertido en la industria más rentable. Por ejemplo, el pasado lunes, un grupo reducido de transportistas, que tienen concesiones otorgadas por el gobierno estatal cerraron la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de Nochixtlán. Se trata de miembros del llamado Comité de Víctimas (Covic), vividores de los hechos ocurridos en dicha comunidad en 2016, que se han beneficiado de dicho membrete. En oposición a la invasión de moto-taxis, que regentea otro de la misma calaña, Germán Mendoza Nube, trataron de presionar a las autoridades. Obviamente no cerraron la carretera con sus taxis, sino con tracto-camiones que fueron retenidos de manera ilegal. El bloqueo se prolongó por más de 36 horas, con el consecuente daño a la miles y miles de automovilistas, transportistas, etc., pero sobre todo, una gran indignación ciudadana por este tipo de atropellos, que se han hecho comunes.
En otro entorno y por tres días consecutivos, vecinos de la Colonia La Cascada, en el norte de la capital oaxaqueña, cerraron las vías que pasan por dicho desfogue vehicular, como mecanismo de presión para que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAO), les arregle sus calles y tomas domiciliarias. No hace falta recordar los bloqueos que realizaron los maestros de telesecundarias pertenecientes a la Sección 22 o el cierre del puente de fierro de Tehuantepec, que es algo cotidiano para cerrarle el paso a quienes entran al Istmo, por parte de grupos y organizaciones con diversas demandas. Asimismo, en la semana se han dado cierres de Ciudad Administrativa y otras oficinas como el IOCIFED, ello sin descartar el paro generalizado de actividades que realizaron los cinco sindicatos del ayuntamiento de la capital oaxaqueña, para exigir el aumento en el fondo de pensiones. Es decir, la protesta se ha generalizado en la entidad, sin que en el gobierno de Alejandro Murat se vea el despliegue de negociadores que eviten que la protesta generalizada siga afectando la vida normal de los ciudadanos.
Semovi: ¿Para qué sirve?
El tema de la chatarra que circula en la capital y el área conurbada sigue en el ánimo ciudadano, habida cuenta de que tal parece que los compromisos contraídos con el pulpo camionero que controla el transporte urbano, no se han cumplido en lo que respecta a la modernización del parque vehicular. Sin embargo, hay una idea generalizada de lo que representa la llamada Secretaría de Movilidad (Semovi), del gobierno estatal: un aparato burocrático en donde prevalece la componenda, la complicidad y la corrupción. Suena a disco rayado escuchar que todo aquel transportista, con concesiones autorizadas por dicha dependencia, que participe en bloqueos, dicho beneficio le será retirado. Obviamente se trata de una tomada de pelo. Como mencionamos en el segmento anterior, desde lunes 24 hasta la noche del martes 25 de septiembre, la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de Asunción Nochixtlán, fue cerrada por transportistas vinculados al llamado COVIC. La protesta se llevó a cabo en virtud de que no quieren que nadie les haga la competencia, sino que transportes catalogados como irregulares, sean retirados de circulación.
No obstante el perjuicio ocasionado a miles de ciudadanos, el daño económico que implica obstaculizar las vías de comunicación terrestres y otros ilícitos, los funcionarios de la citada dependencia jamás se aparecieron en el lugar del bloqueo. De manera torpe se deja a la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno (Segego) el paquete, cuando es la responsable del transporte concesionado la que debe instrumentar los operativos a que haya lugar para desactivar este tipo de protestas o más bien chantaje. Es impresionante la pasividad con la que se actúa para atender asuntos de atención urgente. Simplemente se dejan al arbitrio de las circunstancias y de que los líderes de dichas acciones hagan lo que les plazca sin que haya un correctivo legal para sancionarlo. Lo que se observa hoy en día en Oaxaca, es una impunidad insultante, ante el temor cerval de aplicar la ley y las normas vigentes. Entre las dependencias hay acusaciones mutuas. Pero no existe en absoluto, convicción alguna para proceder conforme lo dispone la norma vigente. Este mal se ha venido arrastrando desde hace mucho, pero se exacerbó en el año 2006, cuando la autoridad fue rebasada por completo por grupos de maestros y facinerosos, que pusieron al gobierno de rodillas.
