El 3 de diciembre de 2022, cuando el gobernador Salomón Jara Cruz tomó protesta a los directivos de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, entre los cuales se encuentra el titular del Icapet, Giovanni Jahir Rojas Pacheco, les recomendó: “El encargo que a partir de hoy asumen, requiere de cuerpo y alma para sacar a Oaxaca adelante, pues el olvido y el abandono de nuestros pueblos deben estar en el pasado. Recuerden tener listas las escobas para barrer de arriba abajo y empezar a trabajar por el futuro y el bienestar que demandan las y los oaxaqueños”.
Han pasado ocho meses de esa histórica protesta y ahora, el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet), navega en un mar de mediocridad, entre el robo descarado y la podredumbre de la corrupción.
Los empleados consultados, refieren con tristeza que sí hubo deficiencias en la administración priista con Francisco Maldonado a la cabeza de esa institución, ahora está peor pues el Icapet no funciona, al acabarse el recurso presupuestal, pero, además, los directivos encabezados por Giovanni Jahir, se han asignado salarios ostentosos, pisando a los empleados que reciben salarios de miseria, cada quincena.
Qué terrible que esto ocurra cuando el gobierno actual presuma que estamos viviendo tiempos diferentes a los de Alejandro Murat Hinojosa, cuando la corrupción se desparramaba en el caño de la administración pública estatal; la situación no sólo es similar, sino peor. Veamos por qué:
Los trabajadores perjudicados con la supuesta y sorpresiva reestructuración del Icapet, empleadas y empleados que han dejado gran parte de su vida en esa institución, pues algunos llevan hasta 16 años de antigüedad, les cancelaron contratos y les dieron nuevos con reducción salarial de hasta 4 mil pesos. El lunes pasado, fueron llamados a firmar los contratos nuevos bajo la consigna de que, quien no firmara, no sería incluido en la nómina. “Si quieren firmar, firmen, sino háganle como quieran”, fue la orden que dio la titular de Recursos Humanos.
No sólo, no les pagaron puntualmente esta quincena, sino de manera sorpresiva fueron llamadas una por una para darles la fatal noticia. Como es natural, muchas empleadas y empleados, al ver la reducción de sus salarios derramaron lágrimas de impotencia y prefirieron no firmar. Otros más están valorando firmar hasta consultar a alguien que les dé asesoría legal sobre sus derechos como trabajadores.
Es de señalar que los empleadas y empleados que laboran en el Icapet no están sindicalizados; es personal de confianza, por eso sus jefes abusan de ellas y ellos al verlos inermes y sin apoyo de algún sindicato.
El golpe a los bolsillos de la plantilla laboral ocurre justo cuando las trabajadoras y trabajadores tienen que realizar gastos para adquirir uniformes, zapatos y útiles escolares, por lo cual están recurriendo a los prestamistas pues no saben, cuándo carajos les van a pagar.
En cambio, sí, en cambio a los mandos medios, entre los cuales se encuentran los jefes de departamento, directores, asesores y el propio Giovanni Jahir Rojas Pacheco, director general que, por cierto, es raro encontrarlo en su oficina porque seguido anda de gira con el gobernador Salomón Jara, se despacharon con la cuchara grande al recibir un incremento del 100% en sus salarios, y hasta se triplicaron el sueldo. ¡Bonita, familia de la 4T!
Las empleadas y empleados ruegan les paguen lo que les corresponde, pero ha circulado la especie en el sentido de que cobrarán hasta en octubre próximo “por órdenes de la Secretaría de Finanzas”.
Otra de las quejas de las trabajadoras es el hostigamiento laboral que sufren de parte de José Roberto Esteva Balam, quien de integrante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), llegó al Icapet a ocupar el puesto de Director Académico, sólo por ser amigo de Giovanni Jahir y cuidarle la espalda.
Policía al fin, Esteva Balam ha implementado métodos coercitivos en contra del personal a quienes les ha prohibido el uso del celular, les impide tomen sus alimentos, graba las reuniones e incluso lo acusan de interferir los teléfonos. Este acoso laborar ha provocado que varias empleadas enfermen de estrés y no den resultados laborales. El Icapet pues, ya es un campo de concentración de la 4T.
¿Y LOS EXOBREROS?
Este lunes, el gobernador Salomón Jara anunció la expropiación del predio de lo que fue la única fábrica que tuvo Oaxaca en el pasado: Triplay y Novopan de México, terreno que se ubica cerca de las riberas del río Atoyac para convertirlo en un paraíso cultural y deportivo.
En la conferencia de prensa que se realizó en Palacio de Gobierno, Jara Cruz señaló que la mayoría del predio es propiedad de uno de los personajes ligados en el pasado al exgobernador José Murat: Enrique Toro Ferrer.
Jara Cruz dijo que los supuestos propietarios serán indemnizados conforme a la ley, en cuanto se aclare quién es el dueño o los dueños, mencionándose a Toro Ferrer y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Omitió mencionar a un grupo de extrabajadores quienes al cierre de la fábrica fueron despedidos sin recibir nada a cambio.
Se sabe que estas personas de la tercera edad tienen ocupados un predio de 3.6 hectáreas y hasta el momento el gobierno los ha ignorado. Ojalá que este grupo de exobreros reciban la indemnización que por ley les corresponde y así tengan una vida digna en los últimos años de su existencia. No olvidemos que ellos con su trabajo contribuyeron en su momento al engrandecimiento de nuestro querido Oaxaca.
