1).- La consabida historia
Los órganos autónomos, como es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), están en la mira del gobierno de la 4T. Nada es casual. El sometimiento de los poderes al ejecutivo, no admite resquicios de independencia o autonomía. Hay que borrarlos del mapa. El órgano garante nació como producto de las batallas que emprendió un organismo de la sociedad civil: el “Grupo Oaxaca”. Eso fue en 2001, luego del seminario: “Democracia y Acceso a la Información”. Villanueva, Acuña, Escobedo, Villamil, Carbonell, Islas, periodistas, editores, investigadores y organizaciones como la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. (AME), entonces presidida por Benjamín Fernández Pichardo, le dieron solidez.
Luego de reuniones, seminarios y coloquios, se perfiló una propuesta, que daría cuerpo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada en 2002, por el ex presidente Vicente Fox. Ni partidos políticos ni gobierno federal ni estatales, tuvieron vela en el entierro y en su origen. Fue resultado de la lucha de la sociedad civil. Una conquista ciudadana.
2).- Oaxaca, a la cola
Paradójico. No obstante haber sido la cimiente, nuestro estado fue uno de los últimos en aprobar la creación de su órgano garante: el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información (IEAIP). Fue en la administración del ex gobernador Ulises Ruiz. El neonato organismo nació enfermo. En la presidencia se impuso como cuota y pago de compromiso político al entonces ex diputado local, Genaro Vásquez Colmenares que, hablando en plata, no hizo mal papel. Lo cuestionable fue la tentación autoritaria para convertir a un organismo “ciudadano”, en rehén de partidos políticos. En su momento cuestionamos esta aberración. Pero ello marcó al órgano garante. Las Legislaturas, del color que fueran, hasta hoy, se han prestado a esa farsa. Los y las diputadas validan a los comisionados. Y hasta le han cambiado de denominación.
En efecto, la LXI Legislatura transformó al IEAIP en Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (COTAIPO). Y designó a los consejeros: Esteban López José, presidente (PAN); Eréndira Fuentes Robles (PRD) y Gema Sheyla Ramírez Ricárdez (PRI). La esposa del primero, quien fuera presidente, era la diputada del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, quien hoy mismo preside la Comisión respectiva en la LXIV Legislatura. La tentación partidista por controlar al órgano garante prevaleció. En julio de 2015, desapareció la COTAIPO y reapareció el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP). Los nuevos comisionados tampoco escaparon al rejuego político. Francisco Javier Álvarez Figueroa, Abraham Isaac Soriano Reyes y Juan Gómez Pérez, que al menos, han llevado –o llevaron- al organismo por el destino de cumplir su misión.
3).- El Síndrome sigue
En 2018 se cumplió el período del ex comisionado Soriano Reyes, hoy integrante del Consejo de la Judicatura. En su lugar fue designada María Antonieta Velásquez Chagoya. El tufo de los favores políticos inundó al órgano garante. Ahijada de bodas del gobernador Alejandro Murat hizo patente la gravitación del pasado. La tentación autoritaria. A fines de agosto del año pasado, concluyó el período del ex comisionado Juan Gómez Pérez. No obstante, la Comisión respectiva fingió demencia. Algunos medios insistieron sobre la designación del nuevo miembro de dicho órgano. Oídos sordos. ¿Abulia o complicidad? ¿Ambición partidista o de nuevo ascendencia política?
La farsa se consumó. De nueva cuenta apareció la figura de la diputada panista, María de Jesús Mendoza. Uno de sus cercanos, Fernando Rodolfo Gómez, es el nuevo comisionado. Que se sepa, ni experiencia ni tablas ni fogueo en la materia. Otra vez la imposición con carga de partido. Una bofetada a su origen ciudadano. Un duro revés al “Grupo Oaxaca” y la evidencia de la ignorancia supina que prevalece en la flamante legislatura local.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
Mientras el gobernador Alejandro Murat promueve las inversiones en todos los rubros, hay grupos empecinados en demolerlas. Es el caso de los anti-minas, maquinado por organizaciones no gubernamentales financiadas con fondos extranjeros. ¿Sería bueno que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP, empiece a desentrañar esos financiamientos oscuros? Habrá sorpresas, sin duda.
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