Imparable el huachicol en Istmo y Cuenca, señalaba ayer EL IMPARCIAL en su nota de 8 columnas. A pesar del discurso oficial, el negocio sigue boyante en el país y el ilícito alcanza en este 2023 a 23 estados, incluido Oaxaca, de acuerdo a un documento de Petróleos Mexicano al que Barataria tuvo acceso.
A partir de documentos públicos de Pemex, entre enero y septiembre del 2022, las pérdidas por el robo de combustibles se estimaron en 14 mil 243 millones de pesos en el país, mientras que para el mismo periodo del año pasado, 2021, la cifra fue de 4 mil 801 millones de pesos.
Realicemos un simple ejercicio de escenarios a partir de los datos oficiales. Hasta abril de 2022 en Oaxaca se han detectado y denunciado 42 tomas clandestinas, que representan un muy discreto 0.7% del total nacional de las 5 mil 405 tomas ilegales reconocidas en los tres primeros meses del año. Sin embargo, la cifra supera las 900 en 10 años.
Si extrapolamos dicha cantidad por lo obtenido en los primeros 9 meses de 2022 bien podríamos obtener una cifra cercana a los 100 millones de pesos como el “piso mínimo” del quebranto de Pemex a causa de huachicol en Oaxaca y lo que representa el robo de combustible en nuestro estado.
El gobierno federal de la 4T había prometido que terminaría con el ilícito. En 2019 AMLO afirmó que había sido erradicado, pero para abril de 2022 reconoció que en ese mes había marcado una cifra histórica de robo de combustible.
¿Qué ha pasado en Oaxaca? El ilícito se ha concentrado en al menos 10 municipios del estado: Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, San Juan Guichicovi, Barrio de la Soledad, Salina Cruz, Santa María Petapa, Juchitán, Matías Romero y El Espinal, 9 del Istmo de Tehuantepec. Uno en la Cuenca del Papalopan: Acatlán de Pérez Figueroa y, esporádicamente, Oaxaca de Juárez, aunque aquí no se realiza la extracción de ductos a lo que se suma robo de pipas.
El huachicol, sin duda, es un negocio de tal rentabilidad y no es comprensible sin “garantía” de impunidad. Desde 2010 Juan Carlos Montero, maestro en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey y especialista en seguridad advertía que el narcotráfico y agregaríamos el huachicol, se tratan de negocios de alta rentabilidad e impunidad; además, en México, el crimen organizado pasó de conflicto policial a uno de seguridad nacional debido al aumento de la violencia que se le relaciona y, en particular, al narcotráfico.
Algunos otros especialistas han señalado al crimen organizado como severa amenaza a la democracia por la injerencia que los grupos criminales, como los huachicoleros han conseguido en la esfera y regiones en donde opera. Apenas esta semana el congreso de Oaxaca tipificó como delito el “halconeo”, las personas que trabajan alertando a grupos criminales respecto a la presencia de la policía, militares, operativos o “mirones” en sus alrededores.
En el país vemos a diario que el crimen organizado controla he impone su ley en grandes extensiones del país…además de elegir a autoridades. En Oaxaca no hay pruebas contundentes de ello, pero por el monto de recursos que maneja muy bien pueden realizar “contribuciones” para las campañas electorales, máxime que está en puerta una elección concurrente en 2024 donde se juega la Presidencia de la República, representantes al Senado, a las cámaras de diputados federal y local y presidencias municipales.
Diez son los municipios oaxaqueños con presencia de huachicoleros; de ellos, siete son gobernador por Morena: Roque Ruiz Toscano, en el Barrio de la Soledad, Daniel Méndez Sosa en Salina Cruz; Oliver López García, en Santa María Petapa; Miguel Sánchez Altamirano en Juchitán, aunque realmente el elegido fue Emilio Montero, del PT, quien renunció para ocupar la cartera del IEEPO en el gobierno estatal; se suma Adalberto Velásquez López, en San Blas Atempa, de la organización Fuco del propio exsecretario de Administración.
Caso especial es el de Jesús Ortega Marín, también de Morena, quien luego de tres años sin una toma clandestina ha visto un explosivo incremento de robo de combustible. Hasta abril, lideraba los municipios en Oaxaca con 23 tomas de las 42 reportadas, el 54.7% del total estatal. La lista se cierra con la también morenista, Obdulia García Pérez, en Matías Romero.
Los restantes tres municipios con presencia del huachicol lo son Asunción Ixtaltepec, con Yuriria Toledo Piñón, que llegó con la alianza PRI, PAN, PRD, PANAO; el perredista Heberto Luis Zacarías en San Juan Guichicovi y Joselito Valencia del PES en El Espinal, que ganó en final de fotografía por dos votos a la candidatura morenista.
Con un proceso electoral en marcha, ante la Madre de todas las elecciones a definirse en 2024, la creciente inseguridad y el pastel casi inagotable de recursos que representa el crimen organizado, el narco, el huachicol y el traslado de migrantes, las autoridades electorales, estatales y municipales deben tomar medidas estrictas y eficaces para blindar las campañas; evitar la tentación de echar mano de dinero sucio para apoyar aspiraciones, impulsar carreras política o “comprar” cargos de elección popular.
Hacerlo genera compromisos. Muy peligrosos de cumplir.
SHEINBAUM, NUEVA RELACIÓN CON LA PRENSA
Sin duda comienza a observarse una luz al final del camino de ese oscuro túnel que significó la “relación” del gobierno con la prensa en los años más recientes. Claudia Sheinbaum ha dejado claro que requiere de los medios para difundir su mensaje, para establecer contrapesos.
La reunión sostenida con editores de la ya anémica prensa del interior del país que se resiste a morir es sin duda un significativo golpe de timón al alud de calificativos vertidos desde el púlpito presidencial que achaca a toda la prensa el calificativo de conservadora y corrupta. Así, sin más.
Claudia Sheinbaum abre su discurso y reconoce la importancia de la prensa escrita y los medio tanto para la vida democrática como para difusión de las acciones de gobierno pero, sobre todo y para que lo entiendan muchos, como vocero de la ciudadanía y contrapeso a la intención de querer imponer una verdad esculpida en monolito.
