Al menos tres de 10 mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. Los principales agresores son compañeros de trabajo seguido del jefe o jefa. Para erradicar el acoso y hostigamiento sexual es importante reconocer los comportamientos que constituyen violencia de carácter sexual en los centros de trabajo.
A pesar de que esta es una realidad en muchos centros de trabajo en México y el mundo, son pocas las iniciativas y mecanismos destinados a erradicar y sancionar estas conductas en las empresas. La violencia de género ha sido y sigue siendo una trasgresión a los derechos humanos de las personas y una de las manifestaciones más visibles de desigualdad y ejercicio de poder.
Este tipo de violencia hace referencia a actos dañinos contra una persona o grupo de personas por razón de género, cuyo origen data en la cultura patriarcal que oprime y discrimina no sólo a las mujeres, también a las niñas y personas de la diversidad sexual.
El hostigamiento sexual y el acoso sexual forman parte de la violencia de género, y producen daño o sufrimiento físico, sexual y mental que en ocasiones conlleva a la coacción, la privación de la libertad y la vida por parte del agresor hacia la víctima.
Aunque es evidente que la problemática de violencia sexual la enfrentan mayoritariamente las mujeres, esto también es una realidad en la Administración Pública, tanto estatal como federal y municipal.
En virtud de la imperiosa necesidad de erradicar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el servicio público, es necesario contar con canales más accesibles para denunciar y, sobre todo se asegure que se tomarán acciones concretas y sanciones contundentes para que no haya impunidad.
Impunidad
Si bien los Derechos Humanos son un conjunto de prerrogativas y libertades inherentes a todos los seres humanos, no se trata sólo de preceptos legales: los Derechos Humanos son criterios de actuación ética y política que tienen como sustento la dignidad humana. También se debe insistir en la vigencia de un Estado de Derecho que implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no sólo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que los violen.
Cuando permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre otros, no podemos hablar de justicia ni de un Estado de derecho. De ahí la trascendencia de insistir que es de capital importancia fortalecer un Estado democrático de derecho.
Esto es, un estado de leyes e instituciones con una administración pública eficaz y eficiente, en el que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos. Una sociedad de derechos y obligaciones, un estado en el que todos tengamos todos los derechos, pero al mismo tiempo todos asumamos y cumplamos nuestros deberes y obligaciones.
Oaxaca no puede quedar al margen ni echar las campanas al vuelo, pues existen casos muy claros y concretos de impunidad que durante mucho tiempo han lastimado a sus habitantes. Casos que merecen la aplicación estricta de la ley para evitar que se repliquen y exhiban que la aplicación de la Ley y la vigencia de un Estado de Derecho sigue siendo un verdadero pendiente por atender.
En nuestra entidad uno de los retos más importantes en materia de derechos humanos es abatir la impunidad ya que existen problemas de violaciones a los derechos humanos que se deben de atender con puntualidad, empezar a promover e impulsar una nueva cultura que permita su total erradicación, pues si bien se cuenta con una legislación ejemplar en derechos humanos, tanto a nivel nacional como global, con acuerdos y convenios internacionales más trascendentes en la materia, no se ve reflejada significativamente en la práctica.
