Ante el alza histórica de homicidios cometidos en Oaxaca durante 2023, es necesario sumar esfuerzos para alcanzar objetivos para reducir la violencia homicida en nuestra entidad. Por ello se debe partir de identificar el diagnóstico más preciso de la violencia homicida y construir un mapa de ruta para una política pública de reducción de homicidios.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública federal confirmaron que el año pasado con 2 mil 62 asesinatos Oaxaca impuso una nueva marca histórica en homicidios, la más alta desde que se tiene registro. En promedio, el año pasado se reportaron 5.65 decesos violentos por día, una media de un asesinato en territorio oaxaqueño cada 4 horas con 14 minutos, con lo cual la cifra de homicidios se incrementó en 10.09% en apenas un año.
Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las agencias del ministerio público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas y se resalta que las fiscalías, son las instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras.
Combatir la inseguridad es tarea de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente de los gobernadores, quienes deben aplicar una buena estrategia y acordar con distintos sectores sociales para atacar de raíz el problema. Por ello es trascendente que la Federación fortalezca los estados y municipios y se restablezca el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y, de manera conjunta con las autoridades locales, se dé mayor fuerza y capacitación a las policías locales para enfrentar al crimen organizado de manera eficiente y segura para todos.
Ante las versiones que existe una estrategia para reducir los homicidios intencionales, hoy se debe agregar que casi nadie se toma la molestia de cuestionar cuál es esa estrategia, sobre todo que involucre a la sociedad y participe en estas acciones para desalentar la violencia.
Carestía
En los mapas de sequías de México, la mayoría del territorio se encuentra en rojo, lo que ha complicado las cosechas del sector agropecuario, ya que al no conseguir las ventas completas, se complica el financiamiento para las siguientes cosechas. Tal panorama advierte que el incremento en los precios de los alimentos se acentuará este año como efecto del cambio climático, a nivel local e internacional.
La vulnerabilidad al cambio climático ya se ha manifestado en significativas pérdidas de producción agrícola en nuestro país y en el futuro se espera que la situación se agrave debido a la caída tanto en el rendimiento de los cultivos como en la productividad laboral agrícola, por el estrés térmico que sufren los trabajadores del sector durante los periodos de elevadas temperaturas.
Especialistas advierten que las cosechas son menores, cada vez más difíciles de financiar, el precio de los productos sube y si bien hay la ventaja de tener un mercado abierto que permite la importación, esta situación está generalizada en todo el planeta, ya hay países que están dejando de exportar granos.
La disminución en la producción de alimentos podría provocar un aumento en los precios de alimentos, los precios de los alimentos básicos, como el maíz, el frijol y la tortilla, podrían aumentar hasta 10% y este aumento podría afectar el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos. Además, Industria alimentaria mexicana debe tomar medidas para mitigar los efectos de la sequía.
Es indudable que la sequía en México es un llamado a la acción para la industria alimentaria, adaptarse a las nuevas realidades y anticipar las tendencias emergentes no es solo una cuestión de supervivencia empresarial, sino también una oportunidad para liderar en la innovación y sostenibilidad, donde el papel esencial lo deben asumir la administración federal y los gobiernos estatales ante el reto de hacer producir el campo.
