Desde hace mucho se pregona que no se tolera corruptelas de autoridades municipales y que todos aquellos que hayan cometido actos al margen de la ley serán castigados. Se insiste acudan a rendir cuentas para deslindar responsabilidades como parte de la nueva realidad que se vive Oaxaca, donde la premisa es la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, a la luz de las auditorías, muchos de ellos siguen actuando con total opacidad, sin rendir cuentas en qué se gastan los recursos del pueblo y sin que se conozcan obras de impago social que beneficien a la ciudadanía. Siguen gobernando cual virreyes sin explicar el destino del dinero lo que ha provocado la creciente irritación de las comunidades.
En el segundo año de la administración estatal poco a poco se van conociendo los excesos que cometieron algunos presidentes municipales, no sólo en el manejo opaco y discrecional de los recursos públicos sino en sus actos de saqueo del patrimonio municipal. Ante tales abusos, los oaxaqueños exigen un castigo severo y ejemplar de quienes gobernaron sus municipios durante los últimos tres años e hicieron todo tipo de tropelías que no deben quedar en la impunidad.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha detectado quebrantos a la hacienda pública por varios millones de pesos en el que están involucradas autoridades estatales y municipales. Este mismo organismo acepta que no pueden exigir cuenta a los 570 ayuntamientos en el estado, porque simple y sencillamente no tienen suficientes recursos para ello, y por eso atienden solo 170.
Por eso, la sociedad oaxaqueña demanda una mayor contundencia en las investigaciones para evitar que la impunidad siga arropando gigantescos actos de corrupción en el estado. Es indudable que a pesar de los esfuerzos realizados por castigar los malos manejos de los recursos públicos y sancionar a quienes han enriquecido al amparo de la administración pública, aún falta mucho por hacer realidad la aspiración de los oaxaqueños de desterrar y castigar esta mala práctica.
Chimalapas
Al margen de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará el análisis de la aclaración de la sentencia dictada en la controversia constitucional, relativa al conflicto de límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas por los Chimalapas, es necesario que nuestras autoridades locales y federales protejan esta amplia región, considerada la mayor reserva de biodiversidad de México y Mesoamérica.
La bio región de Los Chimalapas se encuentra en el corazón del Istmo de Tehuantepec, al sureste de México. Sus dos municipios, Santa María y San Miguel, abarcan 600 mil hectáreas con la mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica. El territorio es propiedad ancestral del pueblo indígena zoque, descendiente directo de la cultura olmeca.
La región alberga la mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica con 146 especies de mamíferos, 105 de reptiles y 35 de anfibios, 464 de aves y 900 de mariposas, muchas de ellas endémicas. Esta diversidad biológica es un auténtico reto científico y de conservación.
Sin embargo, desde hace más de 50 años, la porción oriente del territorio comunal chimalapa se ve invadido y depredado en más de 160 mil hectáreas de selvas y bosques, por talamontes y ganaderos provenientes del vecino estado de Chiapas, impulsados y solapados por gobiernos de aquella entidad.
Las comunidades chimalapas han dado desde entonces una histórica y ejemplar lucha pacífica y tenaz, en defensa de su territorio y de sus invaluables bienes naturales, movilizándose periódicamente para detener dichas invasiones, tal y como lo han hecho recientemente. Esto ha obligado a emplazar a los gobiernos, y en su voluntad política, actuar de forma inmediata y efectiva, para detener y revertir estas invasiones y esta depredación ecológica, haciendo valer los derechos colectivos del pueblo zoque y evitando además un posible clima de violencia social en dicha zona.
