• Total Indiferencia
• Turismo Olvidado
La diversidad cultural y espiritual de Oaxaca es una de sus mayores riquezas: conviven pueblos indígenas con cosmovisiones ancestrales, comunidades católicas tradicionales, grupos protestantes en crecimiento y prácticas sincréticas que mezclan lo espiritual con lo comunitario. Sin embargo, esa pluralidad que debería ser fuente de convivencia ha sido, en muchas regiones, motivo de conflictos, exclusión y violencias cotidianas.
La intolerancia religiosa en Oaxaca no es un fenómeno reciente, pero sí uno persistente y profundamente enraizado en estructuras sociales que privilegian la uniformidad por encima de la libertad individual. En varias comunidades, la religión mayoritaria -frecuentemente ligada a cargos comunitarios y sistemas de usos y costumbres- se convierte en un mecanismo de control social.
Quienes profesan una fe distinta suelen ser vistos como una amenaza al orden colectivo. Esto deriva en expulsiones, negación de servicios, multas injustificadas o presiones para participar en festividades religiosas contrarias a sus creencias. Este tipo de acciones vulnera no solo el derecho a la libertad religiosa, sino también la dignidad, la autonomía y la pertenencia comunitaria de las personas afectadas.
Combatir la intolerancia religiosa en Oaxaca exige fortalecer una cultura de derechos humanos dentro y fuera de las comunidades. Implica diálogo intercultural genuino, capacitación a autoridades municipales, presencia efectiva del Estado y, sobre todo, un cambio en la percepción social: entender que la diversidad religiosa no fragmenta, sino que enriquece. Mientras no se asuma que la libertad de creer -o no creer- es un derecho universal, seguiremos viendo casos donde la cohesión comunitaria se confunde con uniformidad obligada.
Aunque no todas las comunidades viven conflictos, sí existen regiones con antecedentes, especialmente en la Sierra Norte (Mixes y Zapotecos); Sierra Sur; Mixteca y Valles Centrales. En estas regiones, los sistemas de usos y costumbres se relacionan con prácticas religiosas tradicionales, lo que hace compleja la convivencia con grupos protestantes o evangélicos.
… A VUELO DE PÁJARO
La actuación reciente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha sido señalada por su indolencia y falta de respuesta efectiva ante problemáticas que vulneran los derechos fundamentales de diversos sectores de la población. Mientras comunidades enteras exigen atención urgente frente a conflictos territoriales, violencia institucional, desapariciones y agresiones contra periodistas y defensores, la DDHPO parece mantener una postura pasiva que contradice su mandato. Un severo reto para la defensora Elizabeth Lara Rodríguez, pues la tardanza en emitir medidas cautelares, la falta de seguimiento a las recomendaciones y la ausencia de presencia en zonas donde la conflictividad es evidente, han generado la percepción de un organismo más preocupado por conservar una imagen institucional que por asumir con firmeza su función protectora.
Indignación
Ante las agresiones documentadas por parte de taxistas que arropados en la impunidad hacen y deshacen a su antojo, el reto de las autoridades de Vialidad y de la Fiscalía General de Justicia, es hacer valer el estado de derecho y castigar a quienes resulten responsables. Dos personas permanecen en estado crítico luego de haber sido brutalmente golpeadas por un grupo de taxistas, tras un percance vial. El hecho generó indignación y preocupación entre la ciudadanía oaxaqueña, que condenó la violencia pues representa un riesgo para la seguridad, pues al final protestan un servicio público. No solo se debe iniciar el procedimiento de revocación de concesiones de las unidades presumiblemente relacionadas con los hechos, también aplicar todo el peso de la ley.
A la deriva
El turismo en Oaxaca se encuentra al borde del colapso mientras las autoridades observan con indiferencia cómo uno de los pilares económicos del estado se hunde entre desorden, improvisación y abandono. Lejos de existir una estrategia seria, hoy prevalece un modelo caótico y depredador, donde la prioridad parece ser llenar estadísticas y no garantizar un desarrollo digno, sostenible y justo. Saymi Pineda Velasco al frente de la Secretaría de Turismo ha hecho caso omiso para ordenar construcciones en zonas costeras, afectaciones ambientales irreversibles y una ola de precariedad laboral disfrazada de “oportunidad”. El resultado es un sector desigual, inestable y profundamente injusto. Y aunque los problemas son evidentes, las autoridades responsables prefieren maquillar cifras antes que asumir su incapacidad.
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