A punto de concluir esta administración, se habla de cuatro problemas básicos que impiden que la población adquiera más beneficios de sus ingresos: la insuficiencia del salario mínimo, la marginación a la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el incremento de la violencia. El salario mínimo en México se debe fortalecer por lo menos para lograr la línea de bienestar y el poder de compra se convierta en una realidad.
La educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80 por ciento de los estudiantes no tiene acceso a Internet. Por ello se ha recomendado al Gobierno recuperar políticas públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una política fiscal más agresiva con los sectores más ricos.
La posibilidad de reducir la desigualdad no se encuentra en hacer que todos los mexicanos ganemos lo mismo, sino en impedir que la brecha económica entre el más pobre y el más rico se haga más profunda. Hoy, el 10 por ciento más rico de la población gana 23 veces más, que el 10 por ciento más pobre. Lo anterior, aunque represente una mejora, aún refleja un nivel inaceptable de desigualdad.
Ante ello, se plantea al Estado en su obligación, facultades y recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población en pobreza, a fin de mitigar la desigualdad, pues a pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos durante décadas, persiste el gran desafío nacional de consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad.
En el país, el 46,5 por ciento de la población vive en pobreza, mientras un 1 por ciento de los mexicanos acumula el 21 por ciento de la riqueza del país y las fortunas mexicanas más prominentes se han concentrado en 16 personas que han visto crecer sus ingresos de la mano de negocios privados concesionados o regulados por el Gobierno mexicano.
Impulsar inversiones
Ante la necesidad de contar con más y mayores inversiones, el gran reto es tener certidumbre jurídica y hacer un proceso de desregulación y simplificación. El paso trascendente para convertir al Istmo de Tehuantepec en un verdadero polo de desarrollo económico es garantizar Estado de Derecho, brindar seguridad a las inversiones que ayuden a detonar el progreso de la región.
Si bien el Gobierno de México se ha comprometido a promover progreso y desarrollo del sur del país, se deben sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados a partir de la certeza jurídica en las inversiones. Además, el sector empresarial debe comprometerse con las acciones que detonen el empleo, la infraestructura y mejores salarios, pues de lo contrario esta iniciativa presidencial no alcanzará los objetivos planteados.
A no dudar, es la oportunidad de crear la infraestructura suficiente para detonar este potencial, por lo que esta nueva ley busca cerrar la brecha entre los dos México, el exitoso del norte y el atrasado y olvidado del sur. Urge aprovechar el potencial económico y productivo de la zona sur-sureste del país, impulsando estímulos fiscales, reducción de trámites y nueva infraestructura para detonar la llegada de empresas a la región.
La inversión privada tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico, diversificación económica y transformación estructural. Puede ser fuente de nuevos y mejores empleos, capital, nuevas tecnologías y de la difusión de nuevos conocimientos, ayudando a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. En particular, puede contribuir con la diversificación de las exportaciones, conectar a la economía interna de una región a las cadenas globales de valor e incentivar la innovación.
