El próximo jueves primero de octubre, se realizará una presentación editorial en línea de “La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca: balance y futuro”, trabajo coordinado por Juan Francisco Escobedo Delgado bajo los auspicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), promovido por la inteligente y dinámica Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI y Presidenta del Comité Editorial, en la cual participará el Director y Gerente General del Periódico EL IMPARCIAL Benjamín Fernández Pichardo, en representación del Presidente de la Asociación Mexicana de Editores (AME); quien junto con el Mtro. Ernesto Villanueva, especialista en la materia; convocaron al “Seminario del Derecho a la información y Reforma democrática”
Para hablar sobre el destino de la Ley de Transparencia, tendríamos que remontarnos al 2001 en el sexenio del Gobernador José Murat Casab, año en que se sembró la semilla ante la imperiosa necesidad de legislar al respecto, surgió como una inquietud, luego de celebrarse el “Seminario del Derecho a la información y Reforma democrática”, teniendo como sede el Hotel Misión San Felipe, en la Ciudad de Oaxaca, auspiciado por la Asociación Mexicana De Editores y el Periódico El Imparcial, que reunió a una serie de periodistas y estudiosos del derecho, que durante largas sesiones de trabajo se fue conformando lo que hoy es “La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”
Dicen que la “victoria” tiene mil padres y la derrota es “huérfana”, y este es el caso, pues muchos son los que se colgaron este gran logro, y otros los que recorrieron el país sembrando la semilla de lo que sería esta novedosa Ley. Fue Juan S. Millán, Gobernador de Sinaloa quien promulgó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y posteriormente, Querétaro. Hoy México cuenta con esta ley que se supone tiene como eje rector garantizar el acceso a la información pública, real, pronta y expedita a sus solicitantes, que es una ciudadanía interesada en saber en qué se gastan los presupuestos oficiales.
A 17 años de distancia es tiempo de rectificar, corregir y fortalecer dicha ley, que aún depende de los caprichos gubernamentales en donde los presupuestos son asignados por los gobernantes en turno, convirtiendo a los institutos de transparencia en simples lacayos.
