Si hay algo que los sectores productivos tienen que reconocer a nuestra bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la Legislatura local es, haberles propinado golpe tras golpe a su economía. Aunado a la controvertida “Ley Chatarra” que nadie se aplica, desde el pasado 25 de octubre entró en vigor la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Oaxaca”, también conocida como “Ley anti-Pet”, que se había mantenido en suspenso desde hace al menos un año. La citada norma contempla prohibir y sancionar la venta o distribución de envases producidos con tereftalato de polietileno, para un solo uso. Es decir, a partir de dicha fecha queda prohibida la venta de refrescos o agua, en recipientes de plástico, tan comunes para el agua natural y las bebidas gasificadas.
Insistimos, al igual que la controvertida “Ley Chatarra”, no se trata de una propuesta que haya que desechar, sino de lo inoportuno de aplicar dicha medida, cuando no existe un plan integral de reactivación económica para paliar los efectos de la pandemia. No es pues una medida insana. Es, por el contrario, algo que contribuye a hacer más saludable el medio ambiente y contribuir a paliar los efectos del cambio climático. Sin embargo, resulta una estupidez que nuestros (as) legisladores (as), no puedan entender que, mientras ellos (as) tratan de sacarse de la manga propuestas e iniciativa de esta naturaleza, el gobierno de la Cuarta Transformación le siga apostando a la generación de energía sucias.
Con las leyes que hemos citado líneas arriba, la bancada mayoritaria de Morena –que es el eje de dichas iniciativas- pretende erigirse a nivel nacional en pionera de la defensa del medio ambiente y punta de lanza de una vida más saludable, cuando en la cúpula del gobierno de la 4T van en sentido contrario. Ya hemos hablado aquí del boicot a las empresas que generan energías renovables, que están emigrando hacia países en los que no haya tantas restricciones y persecución. Las energías eólica y solar, que en el mundo han tenido un boom, frente a aquellas que usan para producir electricidad, el carbón y los combustóleos, en este momento, empiezan a retroceder en México, poniendo en tela de juicio las políticas mediocres encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y crear un ambiente más saludable para su desarrollo. Esto es, una garrafal contradicción.
Inexistente cultura de denuncia
Como lo hemos publicado en “El Mejor diario de Oaxaca” en fechas anteriores, la impunidad que se registra en la entidad es superior al 90%, entendida como el soslayo de las autoridades de justicia de investigar ilícitos y crear un ambiente en donde el castigo a los mismos es prácticamente inexistente. Uno de los ejes de la impunidad es la falta de la cultura de la denuncia entre los diversos sectores sociales, precisamente porque no existe confianza en las autoridades que procuran e imparten justicia. Hay quienes son objeto de robo con violencia, pero jamás acuden ante el Ministerio Público para presentar la denuncia. En principio, porque hay que dedicarle tiempo para el papeleo que ello representa, además de que, hay conciencia de que muchos delitos ni siquiera se investigan, por lo que, acudir ante la autoridad es prácticamente tiempo perdido.
Otro de los factores es que muchas veces la Fiscalía y sus representantes, no integran bien la carpeta de investigación, aún en casos de delitos graves, lo que prácticamente abre la puerta para que el delincuente, criminal o autor de determinado ilícito salga con mayor celeridad de prisión preventiva, del tiempo que se llevó su localización y consignación. Un gran porcentaje de la ciudadanía no está de acuerdo con el llamado Sistema Acusatorio Adversarial. Es más, en las reuniones que se han dado en los foros legislativos, ha participado activamente el gobernador Alejandro Murat, con propuestas que impidan esa puerta giratoria para que salgan los delincuentes, con la misma velocidad con la que los jueces desestiman las carpetas de investigación y los liberan.
Hay pues muchos factores que inhiben la cultura de la denuncia. Ello sin soslayar el llamado debido proceso o la presunción de inocencia. Una falla de los fiscales para acreditar una detención, así sea de un consumado criminal, lo pondrá de inmediato en la calle. Hay abogados que sólo se dedican a detectar los errores de procedimiento para liberar a sus defendidos, aún convencidos de su culpabilidad. Incluso, los medios de comunicación han limitado su tarea a sólo denunciar a presuntos no a criminales, violadores, narcotraficantes, etc., sino hasta que haya sentencia. No obstante, lo anterior, es necesario y urgente que los órganos de procuración e impartición de justicia lleven a cabo tareas más enérgicas para orientar e inducir al ciudadano común, que sea objeto de un ilícito, a presentar la denuncia correspondiente. Esto es, crear consciencia de que representa la mejor vía para abatir la impunidad.
