Ya hemos comentado en este espacio editorial que uno de los gravísimos problemas que enfrenta la actual administración es la gobernanza. No se trata de darle la espalda a los problemas, menos de que los responsables de la política interna, en este caso el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, simplemente se encojan de hombros. Ya es tiempo de que se aplique la ley; que se dejen por aparte las sobadas mesas de diálogo y negociación. La ley no se negocia ni, mucho menos puede torcerse para beneficiar a unos y dejar en la indefensión a otros.
Es admirable, por ejemplo, que el tramo carretero ubicado entre Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, a la altura del canal 33, esté permanentemente bloqueado, hoy por colonos, mañana por padres de familia de una escuela primaria, o simplemente por comuneros de San Blas Atempa, que quieren evitar de esa forma tan torpe, que consorcios mineros se instalen en su territorio.
El caso es que a diario, durante meses, dicho tramo carretero está bloqueado. ¿Cómo es posible que se siga permitiendo que vándalos y jóvenes delincuentes, disfrazados de normalistas, acudan día a día a posesionarse de la caseta de cobro de Huitzo o de Suchixtlahuaca, sin que nadie intervenga para evitar lo que en términos llanos es vil robo?
El regenteo del transporte concesionado por parte de organizaciones como el Frente Popular “14 de junio” o sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional de la Productividad (CNP) o el Sindicato Libertad, es contra derecho, pues las concesiones no son propiedad de particulares sino que las otorga el Estado para el usufructo de personas. No obstante se siguen permitiendo abusos y atropellos, pues dichos gremios han creado un Estado dentro de otro, al asumirse como aquellos que a costa de todo imponen su ley.
¿Cómo entender la ceguera del gobierno ante la exhibición de poderío, con sujetos armados, camionetas blindadas y escandalosas escoltas, de dirigentes sindicales, que más bien parecen capos de la droga que otra cosa? No obstante ahí se ven a diario, sin que ninguna autoridad los ponga en su lugar o simplemente, los llame para que rindan cuentas. Ello implica que los poderes fácticos, ligados a los partidos en el poder, son los que imponen sus propias normas. Sin duda, esto debe terminar y no ofender a la sociedad con la insultante impunidad.
¿Y la cultura de la prevención?
El paso de los huracanes, tormentas tropicales y sismos en Oaxaca, ha dejado al descubierto una realidad inobjetable: la indefensión social ante los fenómenos de la naturaleza. Esta situación proviene de la falta de capacitación en materia de protección civil y la ausencia total de una cultura de protección en casos de desastre. Vale la pena recordar algunos pasajes de la historia contemporánea.
Luego de los dos sismos que azotaron a la entidad en 1999, la entonces Unidad Estatal de Protección Civil inició una importante tarea: la promoción de medidas de auxilio y salvaguarda, en casos de siniestro. Exigió que en mercados, edificios públicos, escuelas y negocios privados con personal numeroso, contara con rutas de evacuación, extinguidores, sitios de reunión bien ubicados e incluso, formó en cada uno de dichos lugares de trabajo, comisiones y comités encargados de coordinar los trabajos de desalojo y salvamento. Se llevaron a cabo simulacros constantes, bajo un riguroso calendario que incluía por igual, empresas privadas que dependencias públicas; mercados o estaciones de transporte, etc. Empero, nada más pasaron algunos hechos preocupantes y ese noble propósito de crear una cultura de protección, pasó a la historia.
Hoy, esporádicamente se escucha en algunas estaciones de radio, spots respecto al caso de terremotos. Y se ilustra con el sonido de la alarma sísmica, sistema que por la abulia que prevalece en las autoridades correspondientes, tiene una operación deficiente, en virtud de que no hay recursos etiquetados para su mantenimiento. He ahí el por qué, con movimientos telúricos de más de 5 grados en la escala de Richter, la citada alarma sencillamente no suena. Pero hace falta una política integral al respecto, que bien puede agregarse al proyecto de Plan Estatal de Desarrollo, que recién envió el ejecutivo al Congreso del Estado, sobre todo en la importancia que debe revestir para la sociedad, la política de protección civil, que no debe ser una más, sino un proceso institucional que no camine al margen de las prioridades de la administración gubernamental, sino darle la importancia que reviste. Crear una política de qué hacer en casos de desastre no es tarea simple. Requiere del impulso del Estado y la corresponsabilidad de la sociedad civil. Hay que reconocer que en ese rubro, aún estamos en pañales. Falta mucho por hacer.
