Oaxaca, Guerrero y Chiapas son las tres entidades con los más altos niveles de informalidad y están también en la lista de los estados con los mayores porcentajes de población en situación de pobreza. Son datos dramáticos porque indican que la gente no tiene acceso a fuentes de trabajo formal y se ve obligada a ocuparse en actividades de sobrevivencia.
Entre otros factores, la actividad informal tiene como incentivo evitar los costos fiscales, de las contribuciones a la seguridad social, los mecanismos y costos regulatorios y laborales y, otros múltiples costos directos e indirectos asociados con la regulación existente. Se compone tanto del conjunto de actividades lícitas que se llevan a cabo fuera de los canales regulares de formalidad del empleo y del sistema financiero, como aquellas actividades ilícitas que por su propia naturaleza se mantienen en la oscuridad.
En nuestro país, existe evidencia que los programas que han intentado fomentar el tránsito de la economía informal a la formal, han tenido alcances muy limitados. En principio, resultaría evidente que los beneficios percibidos por los incentivos de dichas políticas son menores a los efectos negativos, también percibidos por aquellos que desean o prefieren permanecer en la informalidad.
Estas son causas por la cual no crece la economía local y que ante esa situación la gente busca qué comer a través de actividades informales, lo cual complica problemas como la falta de seguridad social y de fondos de ahorro para el retiro, que a mediano plazo terminará afectando las finanzas públicas. Por lo anterior, se vuelve indispensable que la autoridad combata la ilegalidad, se mejoren las condiciones crediticias, se le pague por parte del sector público a las empresas a las que se les debe, y que se mejore el marco fiscal de manera que se brinden mayores incentivos a las empresas.
Reordenar la ciudad
La falta de control en el crecimiento urbano y de suelo seguro para familias de bajos ingresos, ha limitado el desarrollo de las ciudades que en muchos casos ha visto desbordado sus límites municipales. Hoy el reto obliga la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
Frenar la anarquía en el crecimiento urbano permitirá brindar certeza jurídica a viviendas que estén en condiciones de ser reconocidas, e instrumentar estrategias para el control del avance urbano y evitar su progresión desmedida. Además, que con estas acciones se podrán atender, entre otros riesgos, las inundaciones que en años anteriores han azotado diferentes zonas.
Tales asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes, con un reducido ingreso económico que al construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos, carentes de planificación, en las que se desarrollan construcciones de manera anárquica.
Se instalan en cerros que tienen acceso limitado a los servicios públicos como cloacas, red de aguas blancas, electricidad, entre otros, factores que ocasionan que la población construya sus viviendas en zonas de alto riesgo, como lo son los espacios cercanos a ríos y los cerros inestables.
Ante tales condiciones urge lograr el ordenamiento territorial y ecológico, la identificación de riesgos y el financiamiento para la vivienda, ya que actualmente los municipios no cuentan con la visión y los recursos para poder invertir en la planeación del crecimiento de sus ciudades. Así como realizar estudios y análisis de crecimiento poblacional que permitan planear el crecimiento a corto y mediano plazo de nuestras ciudades.
