VAYA que tuvo respuesta el ESCAPARATE POLÍTICO del pasado jueves, sobre los tipos de cuidado; Noriega (SEFIN), “Lalo Pulques” y “El Huitzo” (SEGEGO). Precisamente, del comentario vertido acerca de los susodichos, recibí algunos correos en los que ahondan en el tema y hasta sugieren lo siguiente.
QUE la Unidad de Inteligencia Financiera revise a profundidad las cuentas bancarias del trío aludido para conocer sus ingresos y mencionan también que sería muy importante revisar TODO lo que autorizaron este año. Esto sería el comienzo de lo que se podría avecinar si es que el gobierno morenista quisiera realmente cuentas claras.
EN OTRO CORREO, recomiendan que el gobierno entrante debería hacer una auditoría a los procesos de licitación y una revisión a la adjudicación de una obra de la SEGEGO (la del centro de conciliación laboral del gobierno del estado). Sí, aunque esto de las obras, no le compete a esta dependencia, ésta ha asumido estas tareas.
LA SEGEGO también ha tenido en sus manos obras del corredor Interoceánico, cuando la función de esta dependencia es sostener la gobernabilidad NO la obra pública. Pero la razón y el fondo de estas acciones debe ser investigada. ¿Será que habrá estas indagatorias?
RECUERDEN que el ex gobernador GABINO CUÉ, llevó a prisión a los ulisistas GONZALO RUIZ CERÓN, extitular de SEVITRA (hoy SEMOVI) y a BULMARO RITO SALINAS, ex titular de COPLADE.
EN EL ACTUAL gobierno de ALEJANDRO MURAT, algunos ex funcionarios de CUÉ perdieron la libertad; CARLOS MORENO ALCÁNTARA, ex titular de SEVITRA, GERMÁN TENORIO ex titular de Salud, junto con este último fueron procesados también, GERARDO CAJIGA y ENRIQUE ARNAUD (ex titulares de Finanzas) quienes tuvieron prisión domiciliaria.
DURANTE este período de transición, hubo advertencias jaristas en torno a los resultados arrojados por las primeras revisiones a la administración saliente, desde este ESCAPARATE POLÍTICO esperamos ver luces sobre el combate a la corrupción.
VALIDEZ EDUCATIVA EN RIESGO
LA SECRETARÍA de Salud de Oaxaca (hoy encabezada por Virginia Sánchez Ríos) sexenio tras sexenio, ha sido objeto de saqueo y corrupción, solo basta ver que anteriores funcionarios de la dependencia que han sido detenidos (entre ellos el ex titular GERMÁN TENORIO). En este cierre de gobierno, esperemos continúe la tradición de castigar (aunque mínimamente) los excesivos hurtos.
UNA PERSONA, empleada y, por lo tanto, conocedora del manejo de la dependencia, asegura que tendrá que poner denuncias ante lo que ha pasado en la Dirección de Enseñanza y Calidad, concretamente en el Comité Estatal Interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud. En éste, personajes de apellidos Paz y Villafañe, lucraron con las autorizaciones para las escuelas de salud (medicina) lo que hicieron al “aparecer” trámites en el año 2021, de expedientes supuestamente recibidos en el año 2019. Al hacer esta faena, evitaron que los “interesados” tuvieran que ir a la CDMX a realizarlo, como hoy dictan las normas, directamente ante el gobierno federal y de paso, aligerar sus “papeleos” ante la rigidez que hoy caracteriza a este tipo de peticiones.
CONSULTANDO con dueños de escuelas me comentan que esos personajes ofertaron sus “servicios” a varias instituciones educativas, pero muchas no quisieron arriesgarse, pues el delito les podría traer consecuencias a los que sí optaron por hacer la simulación.
HABRÁ que revisar cuántas solicitudes fueron recibidas en 2019 en el comité, a partir de ahí, todas las que no estén en el acta de entrega recepción del comité de ese año, no serían legales.
ME ASEGURAN que, algunas escuelas serán revisadas en su autorización y si están mal sus procedimientos serán clausuradas.
LA TAREA de alumnos de escuelas privadas del área de salud ahora, será verificar que sus instituciones estén en regla, deberán exigir a las autoridades de salud que aclaren si hay anomalías o no en la validez de su educación.
EN LA COORDINACIÓN General de Educación Media Superior y Superior, comentan que todo este entramado de autorizaciones se habría podido orquestar por funcionarios como Francisco Márquez (actual coordinador), Tomás Ramos (director de evaluación) y su director Jurídico. Tocará a los auditores comprobar estos dichos y en su caso aplicar la ley.
ME COMENTAN que dos despachos legales importantes están trabajando para que la impunidad no triunfe y sean revocadas las autorizaciones mal habidas y los funcionarios involucrados sean llamados a cuentas por falsificación de documentos, uso indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, entre otros.
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