El pasado martes, la Fiscalía General del Estado (FGEO), asestó un duro golpe al delito de extorsión. Gracias a la denuncia de un ciudadano afectado dispuso un operativo con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conocida plaza comercial ubicada en jurisdicción del municipio de Santa María Atzompa, logrando la detención de cuatro presuntos delincuentes. La acción policial no estuvo exenta de violencia, pues al verse descubiertos, los pillos agredieron con armas de fuego a los efectivos de investigación con el saldo de al menos dos delincuentes heridos. Es importante subrayar que, según se informó con oportunidad, esta banda criminal había amenazado a una persona, a quien le exigieron la entrega de 50 mil pesos y una camioneta. La víctima tuvo que recurrir a las autoridades, gracias a lo cual pudo desmantelarse esta banda de pillos, algunos de los cuales tienen antecedentes penales.
El delito de extorsión se ha extendido por todo el estado y, sobre todo en los mercados, sitios de venta de mercancías y aún en comercios establecidos, como cantinas, bares, restaurantes, etc. Dicha situación ha influido de manera negativa en el tema económico, pues hay pequeños y medianos empresarios que han decidido cerrar sus negocios que continuar sus operaciones, pues no es posible que su esfuerzo personal o familiar tenga como recompensa, entregar las pocas ganancias a grupos y bandas delictivas. Cualquier delincuente se hace pasar por el comandante tal o cual, del Cártel criminal Jalisco Nueva Generación o del Golfo, aunque no lo sea, para intimidar, crear psicosis e imprimir miedo. La amenaza se da en diversas vertientes, como el secuestro de un familiar o la ejecución de una familia completa.
Se trata de uno de los delitos que se cometen con más cobardía, pues los delincuentes no tienen límite. Importa poco sin son ancianos, personas con discapacidad, madres solteras. Sin embargo, la impunidad con la que se comete va aparejada con la falta de valor civil para hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes. Es necesario alentar la cultura de la denuncia. La FGEO ha ido a fondo para ir por los delincuentes hasta sus madrigueras. La ciudadanía tiene que cooperar con las autoridades de procuración de justicia. La acción que describimos líneas arriba debe sentar un precedente para que no haya impunidad para estos delincuentes.
Otro espacio invadido
De un día para otro, el atrio de la Iglesia de Los Siete Príncipes y las banquetas que rodean el ex convento en donde se ubica la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO), se vio invadido por vendedores que, sin ninguna autorización, ocuparon con sus puestos dicho espacio público. El gobierno municipal procedió al desalojo, incluso ocupando la fuerza policial. Sin embargo, con uno y mil argumentos, quejas de abusos, golpes, etc., los ambulantes retornaron, frente a la mirada de desagrado de los vecinos que han advertido que no es sólo la venta de diversas mercancías lo que ahí se hace, sino que hay consumo de alcohol y posiblemente drogas. Ante ello, temen por la seguridad de sus familias, dado el aspecto de algunos de los mercaderes ambulantes que, sin más, pretenden apropiarse de banquetas y atrio de la citada iglesia.
La pregunta es: ¿de dónde surgió la idea de asentarse en dicho espacio o quién está solapando esta situación? Sin duda alguna alguien está detrás. El tema, empero, debe ser tratado en sesión del Cabildo Municipal y actuar conforme lo dispone la ley, dado que se trata de una situación a todas luces ilegal que, de no darle respuesta inmediata puede convertirse en un mal difícil de resolver. Ni los vecinos ni el ciudadano común y corriente estarán de acuerdo a que, de nueva cuenta, un espacio urbano sea invadido y se convierta, como es el caso de nuestro Centro Histórico, en rehén de unos cuantos. Ningún argumento tendrá validez para que un grupúsculo de personas se instale, así como así, en un espacio público, sobre todo de manera permanente, poniendo como pretexto que la pandemia los ha obligado a ganarse la vida vendiendo cosas.
Hemos aprendido que, a grandes males, grandes remedios. No hay mejor justificación para proceder al desalojo que la inconformidad de los vecinos. Si hubiera anuencia de los jefes de manzana o comités de vida vecinal, tal vez sería otra cosa. Pero ya se han dado protestas y no hay que esperar a que se den enfrentamientos que pueden ocasionar males mayores. El gobierno de Oswaldo García Jarquín debe proceder de inmediato a liberar el referido espacio de la invasión de estos presuntos comerciantes. Más aún, si representan un serio riesgo para la seguridad de dicha zona urbana que, como es sabido, enfrenta desde hace tiempo, serios problemas por los robos, asaltos y escenas de violencia.
