La situación crítica por la que atraviesan los Servicios de Salud en la entidad, no ha pasado desapercibida para el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Oaxaca se ubica entre las ocho entidades del país que urgen de un rescate por parte de la Federación, luego de una severa crisis económica que hace imposible que cumplan su papel y su responsabilidad institucional.
La semana pasada, el ejecutivo federal planteó la federalización de los SSO, previo acuerdo y firma de convenio con el gobernador Alejandro Murat, quien ha visto con buenos ojos dicha medida, la cual será paulatina. Y no puede ser de otra forma ante una situación de quiebra técnica, con la que la actual administración estatal no podrá ni en el corto ni en el mediano plazo.
No es un secreto que dicha dependencia habría de requerir –así lo admitió su titular, Donato Casas Escamilla en su pasada comparecencia- cerca de 4 mil 800 millones para resolver su situación. Obvio, éste sería un paliativo para una crisis congénita que no se habrá de resolver de manera sencilla o de un plumazo.
Se requiere pues de una cirugía mayor. No obstante las críticas respecto al retroceso que implica que la Federación controle la política sanitaria y el retorno al centralismo pernicioso que ya creía extinto en las prácticas de gobierno, lo cierto es que se trata de un intento desesperado por curar un mal endémico grave, que es el que afecta al Sector Salud. Uno de los factores que ha contribuido a esta situación, es la excesiva burocratización de los servicios.
Cerca del 90 por ciento del presupuesto asignado se va en el pago a servicios personales. En la administración pasada se contrató a una cantidad impresionante de empleados sin tomar en uenta la partida presupuestaria para el pago de los salarios.
Ello ha contribuido a que el déficit crezca cada vez más sin control alguno. La suma de millones empleados para el pago de nómina es impresionante y el gobierno estatal ya no puede hacer frente a los compromisos contraídos tanto con los empleados de base como de confianza. Si a ello agregamos las prácticas amañadas y los vicios que aún persisten en la referida dependencia, la situación se torna más grave.
Ojalá pues, la federalización no tarde demasiado para evitar que el daño económico sea mayor. Los males están tan arraigados que requieren una cura inmediata y no esperar más tiempo.
Medida ejemplar
Desde el gobierno de Gabino Cué siempre insistimos en las irregularidades que se gestaban en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE). Una de esas críticas tenían que ver con la nueva posición de dicha dependencia en la ejecución de obras que por ley le correspondían a la dependencia ejecutora: la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA). }
Las tareas de remodelación del Auditorio “Guelaguetza” y la construcción del estacionamiento, habilitado con el que alguien bautizó como “el puente chueco”, por parte del Fideicomiso de Desarrollo Logístico del Estado (FIDELO), mantuvo expectante a la ciudadanía. Nadie hizo caso y las irregularidades fueron creciendo sin control alguno, mucho menos con una llamada de atención de parte del gobernador Cué Monteagudo.
Se creyó, ingenuamente, que cualquier podría participar en el quebranto del erario estatal, sin recibir castigo e impunemente. Se aplicaron recursos sin solventar las erogaciones y en medio de un desorden administrativo y financiero, el Estado resintió el golpe cuando inició la gestión de Alejandro Murat, que recibió una administración desfondada y desordenada.
Pero así como no hay crimen sin castigo tampoco hay delito que no tenga sanción. La semana pasada, la Secretaría de la Contraloría emitió sanciones en contra de José Zorrilla de San Martín Diego, a quien exigió la devolución de 170 millones de pesos, utilizados presuntamente en las obras señaladas líneas arriba, así como su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante diez años.
La cantidad no es cosa menor, dado que no hay comprobación de las erogaciones. Hay que recordar que tanto en las obras de remodelación del Auditorio “Guelaguetza”, como en la construcción del estacionamiento y puente, así como en el proyecto maestro del Centro Cultural y de Convenciones que se habría de edificar ahí, hubo muchas anomalías, mismas que reflejaban el tráfico de influencias y el conflicto de intereses.
La responsabilidad del proyecto fue otorgado a una empresa con oficinas en Puebla, la misma que habría construido edificios para empresas automotrices familiares. No se supo de licitaciones ni de convocatorias. La falta de transparencia y cumplimiento con las normas en la materia, hizo que dicha situación se enmarcara en la discrecionalidad y la opacidad. El resultado de ello y a poco más de tres años de haberse realizado el fraude, está a la vista.
