Este tema no es nada nuevo. Desde principios de 2022, en los medios de comunicación locales y nacionales se han desmenuzado las operaciones ilícitas de notarios públicos y funcionarios estatales del anterior régimen, pero, sobre todo, la protección que tuvieron de las más altas autoridades. Se trata del llamado “Cártel del Despojo”, de cuyo escándalo el exgobernador Alejandro Murat simplemente se hizo el desentendido, dejando entrever la protección a ciertos personajes cercanos. Salvo una declaración pública en la que ofreció que se intervendría legalmente, las cosas no pasaron de dicha amenaza. Terminó su mandato sin que la Fiscalía General del Estado (FGEO), le hubiera fincado responsabilidades a uno sólo de ellos. En sentido contrario y a pocos días de dejar el cargo, entregó decenas de patentes de notario a sus cercanos.
Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la apatía del actual gobierno para cumplir su ofrecimiento de investigar los hechos y proceder penalmente en consecuencia. Han pasado ya los primeros cien días de gobierno sin que a la fecha se sepa qué ha hecho la Consejería Jurídica al respecto o, si sólo está aplazando la denuncia, pasando lo mismo que ha hecho el edil de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, con su antecesor Oswaldo García Jarquín, quien dejó el ayuntamiento con un boquete financiero de más de 400 millones de pesos. Si el gobierno de Salomón Jara está convencido de que nada ha dañado más a los oaxaqueños en los últimos años que el robo de su legado, de sus bienes y propiedades, por parte de una gavilla que se sigue asumiendo impune como en el pasado, de la cual sólo ha caído uno. Nadie duda de la promesa, de la palabra del gobernador Jara Cruz de que no habrá impunidad para nadie y se aplicará la ley, pues el tiempo sigue pasando sin que se vea acción concreta al respecto.
El pueblo oaxaqueño espera resultados y no amenazas, amagos o linchamiento mediático. Al igual que con las obras entregadas a medias o malhechas, con la misma convicción debe procederse en contra de quienes con el manto protector del anterior gobierno se apropiaron de predios, casas y negocios, a veces hasta usurpando o negando la identidad. Hay una serie de denuncias al respecto, pero no se ve que las mismas tengan a la fecha, una respuesta enérgica del gobierno estatal sino sólo prácticas dilatorias. Ya es necesario pasar del discurso o el reiterado señalamiento a la acción penal. No más teatros.
Émulos del pasado
En este espacio y en otros dentro de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, siempre insistimos durante el anterior régimen que, era una imprudencia insistir ante una sociedad incrédula de la seguridad, en que Oaxaca era de las entidades más seguras del país. Cada discurso, cada mensaje, cada nota laudatoria respecto al turismo y las magras inversiones que llegaban al estado, se ponderaba el clima de seguridad. Detrás de ello, los medios difundían a diario estadísticas preocupantes de ejecuciones, homicidios dolosos y feminicidios. Con claridad se percibían dos realidades: la que mostraba el gobierno anterior y la que veía y sentía en carne propia el pueblo oaxaqueño. No obstante, lo anterior, dicho discurso siguió hasta el final siguiendo las cifras oficiales —así se decía— del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Previo a celebrarse los primeros cien días de la administración, los responsables de la seguridad pública volvieron a esos lugares comunes de la doble interpretación, al manifestarse que “en coordinación con las corporaciones de seguridad federal, estatal y municipales, ha registrado un descenso en los hechos delictivos que más aquejan a la ciudadanía oaxaqueña”. El llamado Gabinete de Seguridad afirmó que, en los dos meses anteriores, se observó una disminución en ocho de los 10 delitos de alto impacto en la entidad, los cuales son: homicidio doloso, robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo de vehículos, robo a negocio, lesiones dolosas, violación y narcomenudeo. Dicha afirmación, es evidente, es un ardid más de los que tanto hemos deplorado, pues si en la entidad se dan cinco o seis homicidios dolosos en menos de 24 horas, como ha ocurrido, significa que estamos muy lejos de que se estén abatiendo los índices delictivos.
La realidad echa abajo dichos argumentos. Oaxaca se ha perfilado como el estado que más feminicidios y violencia en contra de la mujer ha registrado. Nuestra capital, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), es insegura, pues así lo han reconocido al menos siete de cada diez ciudadanos. Hasta el cumplimiento de los cien primeros días se habían contabilizado al menos 40 feminicidios y más de cien homicidios dolosos. Los asaltos a transeúntes y casas habitación se siguen incrementando. ¿De dónde, pues, sacan los responsables gubernamentales las cifras y argumentos que afirman lo contrario?
