El 31 de mayo de 2002, 26 vecinos de la agencia municipal de Santiago Xochiltepec, fueron masacrados. Esto ocurrió en el paraje denominado “Agua Fría”, perteneciente al municipio de Santiago Textitlán. Las fotografías de los cadáveres desmembrados, cosidos a balazos, dieron la vuelta al mundo. Según el documento: “Genocidio en Agua Fría”, que publicó en julio de 2002, el Frente Civil de la Sierra Sur, la violencia era patente en la zona desde el 7 de marzo de este mismo año, y se dio cuando comuneros de la ranchería de Las Huertas, municipio de Santo Domingo Teojomulco, asistieron a localizar un punto limítrofe entre Santiago Textiltlán, Santa María Zaniza, Santiago Xochiltepec y el ya citado Teojomulco. Desconocidos desataron una balacera con el saldo de un muerto y dos heridos.
El gobierno estatal señaló como responsables de la masacre de los 26 a vecinos de “Las Huertas” y procedió, el primero de junio de 2002, a la detención de 17 personas. Varias hipótesis se manejaron de manera oficial sobre las causas de este crimen colectivo. Una de ellas fue el narcotráfico, otra, la explotación forestal y, la tercera, conflictos por límites territoriales. Se trata de una de las zonas en donde los problemas agrarios han dejado centenas de muertos. Sólo hay que recordar que el primero de diciembre de 1998, justo cuando el exgobernador José Murat tomaba posesión, un enfrentamiento entre Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, dejó al menos 14 muertos. Y hasta la fecha hay aún problemas agrarios que no han tenido solución, como el que enfrenta San Mateo Yucutindoo y Santiago Amoltepec, o el de los ya citados Teojomulco y Texmelucan.
Una de las vertientes que mucho se ignora es que la zona tiene una gran riqueza de minerales metálicos y no metálicos. Investigaciones de hace dos décadas ubican a Zaniza, con reservas de hierro de más de 9 millones de toneladas. Ya hay concesiones vigentes desde fines del Siglo XIX. En Textitlán se estiman en más de 8.5 millones de toneladas, en tanto que en Teojomulco hay reservas probadas de oro, plata, antimonio, titanio y manganeso. Y existen antiguas concesiones mineras. Sin embargo, a lo que vamos es a lo siguiente: el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno debe tratar con sumo cuidado, las advertencias sobre violencia agraria en esta zona. No debe permitirse que corra más sangre. A lo largo de los últimos 80 años, sólo en el conflicto entre Teojomulco y Texmelucan, han perdido la vida más de 100 personas.
Un elefante blanco
Oaxaca arrastra una de las estadísticas más preocupantes en materia de feminicidios. Se le ubica en segundo lugar a nivel nacional con 60 casos en lo que va de 2023. Pese al esfuerzo de las autoridades para detener a los responsables de este ilícito, hay muchos casos aún que siguen sin castigo o están en proceso de investigación. Los organismos civiles y colectivos que reclaman un alto a la violencia en contra de la mujer, han encendido el botón de alarma ante este preocupante mapa criminal. Sin embargo, pese a la prioridad que le ha otorgado el gobierno de Salomón Jara al tema, para reducir los índices de violencia por razón de género, hay áreas de su gobierno que parecen no asimilarlo. Es el caso de la Secretaría de la Mujer, en donde se ha confirmado, siguen prevaleciendo los moldes de los gobiernos neoliberales.
Tal parece que se desconocen las disposiciones del Artículo 46 C, en sus fracciones décimo sexta y décimo séptima, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que, dicha dependencia tiene en sus atribuciones: “gestionar, fortalecer y dar seguimiento, para la atención directa a la violencia de género y acceso a la justicia de las mujeres”. Además: “coordinar y evaluar los servicios de atención brindados a las mujeres por especialistas, con perspectiva de género y aplicación de protocolos especializados”. Más aún, el artículo 10 de la “Ley Estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género”, establece que también existe violencia institucional, en referencia a los actos u omisiones de los mismos servidores públicos, que obstaculicen o impidan el acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar la violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades.
Muchas quejas afloraron recientemente con la suspensión del flujo de recursos del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) que, para familiares de víctimas de feminicidio representaron un alivio económico y ocupacional. Con la mano en la cintura fueron despedidas, al menos 20 mujeres. Así, sin sensibilidad, con frialdad y sin moral alguna. Pero, en el horizonte, tal parece que la titular y sus cercanos operadores, ya sueñan con la candidatura a la diputación federal en 2024. Es decir, la falta de vocación de servicio y de cumplimiento con las políticas públicas y prioridades de la llamada Primavera Oaxaqueña, en proporción directa al futurismo político desenfrenado de estos tiempos.
