La añeja relación entre los g0biernos de Estados Unidos, nuestro vecino mayor y principal socio comercial con el régimen de Andrés Manuel López Obrador, no está hoy en día en sus mejores momentos. Si bien es cierto que, en los últimos tiempos ha tenido desencuentros superables, en los que mucho influye la poca diplomacia del presidente mexicano para tratar temas como la seguridad, la relación bilateral o el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC), en días recientes ha entrado en un impasse de riesgo, en el que nada ayuda la verborrea esgrimida por el primer mandatario que, lejos de atenuar las tensiones las ha agravado. El secuestro de cuatro estadounidenses, que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte, quienes sufrieron el ataque de un grupo armado poco después de cruzar a México, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y el reprobable asesinato de dos de ellos y heridos otros dos, pone en un brete la relación bilateral.
Este evento lamentable se dio al día siguiente de que la bancada republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, emplazara al presidente Joe Biden a tomar medidas enérgicas para identificar a los cárteles criminales en México como terroristas. Dicha postura es corolario de la exigencia de al menos 20 fiscales estatales de otras tantas entidades de dicho país, en el mismo sentido, lo que llevaría al gobierno norteamericano a intervenir militarmente para acabar con este flagelo para la seguridad de México y de nuestro vecino. El argumento que se esgrime es el hecho de que nuestro gobierno ha sido incapaz de frenar el tráfico de fentanilo que mata al menos a 80 mil estadounidenses cada año, sin que dicho tráfico proveniente de México pueda detenerse.
El pasado martes, el gobierno norteamericano, a través del embajador Ken Salazar, volvió a la carga, con la postura de que la cooperación entre ambos gobiernos debe ir más allá del discurso para dar con los responsables del crimen de dos de sus connacionales. La respuesta de López Obrador no sólo fue necia sino un insulto para nuestros vecinos: habló de “hipocresía” y “amarillismo” de políticos y medios. “Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros subrayó- (pues) hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafica con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros”, expresó en su rueda de prensa diaria. “Y cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias”. Es decir, echarle más leña al fogón.
Feminicidios sin control
Oaxaca se ha perfilado en los últimos meses como la entidad del país en el que se han cometido más feminicidios. Hemos estado en primerísimo lugar, aunque con altibajos, no hemos abandonado los cinco primeros lugares. En lo que va de la administración de Salomón Jara, es decir, en la víspera de que se cumplan sus 100 primeros días de gestión, grupos y colectivos dedicados a documentar la violencia contra las mujeres ha estimado que se han cometido 44 feminicidios. Justo el lunes pasado, en la ante-víspera del llamado “Día Internacional de la Mujer”, se cometieron dos ilícitos de esta naturaleza: una ama de casa, con domicilio en la Colonia Forestal de Santa María Atzompa, fue degollada y su cadáver fue arrojado en dicha jurisdicción. Otra fémina más fue ejecutada en Santa María Petapa, una de las cuevas de los grupos criminales que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.
La violencia en contra de las mujeres, más allá de políticas de inclusión, equidad de género, igualdad de oportunidades y una y decenas de leyes secundarias, ha sido en la entidad, un dolor permanente de cabeza para los dos gobiernos anteriores y el que está en curso, habida cuenta que, desde el año 2010 a la fecha, el asesinato de mujeres como producto de la violencia intrafamiliar o por cuestiones de género ha disparado las estadísticas. Lo más grave es que las pesquisas para llevar a prisión a los autores materiales e intelectuales, ha sido exactamente lo contrario. Son contados los casos en que los criminales son llevados ante la justicia y menos aún, los que reciben sentencia. Uno de los argumentos que se esgrimió en el pasado fue la pobreza presupuestal para realizar las investigaciones y pesquisas judiciales. Esperemos que con la nueva administración dicho argumento haya sido superado en favor de una procuración de justicia imparcial y expedita.
Aparejadas a los feminicidios han venido las desapariciones. De los miles que se dan en el país, sobre todo en estados del norte y centro del país, como parte de las operaciones de los grupos criminales, en Oaxaca no nos quedamos atrás. El directorio de jovencitas que han desaparecido sigue en aumento sin que las autoridades actúen en consecuencia. Se presume que ello es parte de la inseguridad que sigue lacerando a la ciudadanía oaxaqueña y que el gobierno, emulando al de “las mañaneras” sólo ve con el rabillo del ojo, convencido de que “los abrazos y no los balazos” son la alternativa de seguridad.
