Nadie puede negar que la emergencia sanitaria por Covid-19 es un tema mundial y que mientras ciertos países han llevado un manejo exitoso del mal, hay otros, incluyendo a México, cuya estrategia ha sido errática. Esos señalamientos, al igual que nuestro país ocupa el número 53 de 53 países, ubicado como el peor para vivir, mantiene sin cuidado al llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Lunes y martes de la semana pasada, la suma de nuevo casos positivos superaron los 10 mil y el viernes 12 mil, sin que hubiera al menos de parte del vocero y contador de muertos de la pandemia, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el menor intento de reconocer la gravedad del tema. No es un secreto que, desde el inicio de la contingencia, el mismo jefe del ejecutivo calificó al nuevo coronavirus como un invento de los gobiernos neoliberales y de la mafia del poder. El tiempo le ha refutado en la cara tan burda declaración.
Decir que el primero de diciembre nuestro sistema de salud estaría a la altura de los mejores en el mundo, como Dinamarca o Canadá fue un exabrupto que hay que tomarlo de manera superficial y no con la seriedad que amerita nuestra situación sanitaria, lacerada por la falta de medicamentos, incluyendo a pacientes menores de edad enfermos de cáncer. Al parecer, el presidente López Obrador vive en otra realidad y se empecina en que, al menos los 30 millones que votaron por él y no los cerca de 69 que no lo hicieron, se convenzan de que el camino de la 4T avanza sobre terreno firme y no en el de la crítica ciudadana y mediática. Es impresionante y decepcionante la forma tan ruin en la que descalifica a todos aquellos que no están de acuerdo en la ruta que lleva el país.
La cifra escalofriante de más de 105 mil muertos que ubican a México como un país con una de las letalidades más altas del mundo, no es para echarse en saco roto ni, mucho menos para minimizar esta realidad. No son los medios los que lo afirman, sino la mayoría de las veces organismos, publicaciones o expertos médicos especializados en el manejo de situaciones de emergencia. A todo ello hay que agregar la situación tan triste de fractura, división y encono que se ha animado en los medios de comunicación, que va al tenor de la polarización que vive el país. Los pocos quema-incienso y apologistas del llamado gobierno de la 4T, tratan a toda costa desacreditar datos e información que, sobre este tema tan delicado, abordan otros compañeros, no precisamente sometidos a los oropeles del poder.
Impunidad abominable
La semana pasada, los medios de comunicación y las redes sociales no sólo a nivel local sino nacional, le dieron vuelo a la intervención valiente y dolorosa de nuestra compañera Soledad Jarquín Edgar, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con voz entrecortada la periodista dio cuenta puntual de que a 30 meses de que su hija, María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada, los responsables intelectuales y materiales siguen gozando de cabal salud. Como se recordará, la fotoperiodista fue victimizada por un comando armado, junto con la joven candidata a concejal, Pamela Terán y el chofer de ésta, Adelfo Guerra, cuando salían de un restaurante-bar de Juchitán de Zaragoza, el 2 de junio de 2018, y ella cubría la campaña política del entonces candidato a la presidencia municipal, Hageo Montero, hermano de quien era entonces, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero, en donde la difunta laboraba como jefa de prensa.
La escena del crimen fue espeluznante. Fuentes locales revelan que, como ya es tradicional en dicha ciudad zapoteca, los deudos levantaron los cadáveres de los parientes oriundos, dejando a Sol en un charco de sangre, situación que fue aprovechada por los cómplices de los criminales para borrar evidencias. Sustraer su computadora y su cámara fotográfica. Desde esa fecha, tal parece que las complicidades y la impunidad se fueron asentando para encubrir este triple homicidio. Meses después la Fiscalía General del Estado (FGEO), detuvo a uno de los presuntos responsables, el mismo que fue liberado en la primera audiencia ante el juez de control. Las pesquisas llevaron a la detención de otro de los posibles involucrados, sin resultados favorables. El crimen, pues, ha estado en medio de una aberrante impunidad.
Todo apunta que dicho ilícito y su esclarecimiento tomarán nuevos rumbos luego de la denuncia de nuestra compañera y de que fuera recibida, por disposición del presidente López Obrador, por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, a dicha situación se le ha dado un enfoque político por parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la LXIV Legislatura local, cuyos miembros quieren aprovecharla para sus fines político-electorales y promover la renuncia del Fiscal General del Estado, que desde hace mucho tienen en la mira. Lo que hay que cuestionar es el oportunismo y la falta de ética, pues ninguno de sus miembros, elevó la voz para exigir esclarecer este aberrante tema.
