Cercano es el momento de descubrirse el hombro. Se ha dado luz verde por parte de COFEPRIS a la vacuna desarrollada por Pfizer, cuyo porcentaje de efectividad reportado es del 95%. El subsecretario de Salud ha declarado los límites que se pretenden instaurar en los procesos concretos de distribución y aplicación. Será exclusivamente la Guardia Nacional –junto con el personal de salud– la encargada de distribuir y aplicar las dosis. Es decir, nos encontramos ante un estricto proceso de centralización y militarización de una actividad esencial para los inicios de la solución de la pandemia. Además, se ha expresado desde el púlpito nocturno la intención de excluir a las entidades federativas y a la iniciativa privada de la participación en el proceso, so pretexto de evitar una actuación “fragmentada” en la implementación de medidas de control.
Primero, debe dejarse claro que la expedición y vigencia de un decreto jurídicamente sólido a la luz de la declaración de acción extraordinaria en materia de salubridad general es suficiente para centralizar y dotar de carácter ejecutivo a las determinaciones de la Secretaría de Salud. El título décimo de la Ley General de Salud, en concordancia con la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución General, efectivamente actualiza un engranaje institucional diseñado para hacer frente de manera urgente a la emergencia pandémica. No obstante, vale la pena preguntarnos el momento y lugar en el que estamos parados. Las estadísticas epidemiológicas son claras y apuntan a un incremento innegable de contagios, pero la realidad nos acerca a aquel salvavidas que veíamos lejano. Podemos ahora distinguir con mayor claridad la naturaleza de cada uno de los actos adoptados para enfrentar la crisis antes de asumir una línea de absoluta creencia y confianza infundadas.
La aplicación de la vacuna se distingue esencialmente de las medidas anteriormente impuestas dado que implica un remedio a posteriori, cuya implementación hereda un elemento de urgencia logística, pero también de mucha mayor efectividad. Se ha complejizado la función rectora de la pandemia; ya no solamente se trata de medidas y comunicaciones congruentes, sino también de materializar eficazmente el proceso de inmunización.
Así las cosas, habiendo establecido que nos encontramos ante un desarrollo de semejante complejidad, el fin último es utilitarista pero incuestionable: vacunar a la mayor cantidad de mexicanos en el menor tiempo posible. Resulta entonces esencial –por un principio de eficiencia lógica– incluir a las mayores manos y ayudantes posibles. Las Entidades Federativas, por un lado, expresan una fundada preocupación por su población. Lamentablemente, un análisis de lo establecido por la Ley General de Salud nos arroja una serie de disposiciones como el artículo 135, que –si bien alejadas del criterio de especialidad de la acción extraordinaria– sí incluyen y encaminan la participación del orden estatal en los procesos de vacunación. No existe una prohibición legal para que podamos allegarnos del auxilio de los Estados de la república.
Por otro lado, la participación del sector privado está sujeto a un justificado control de autorizaciones para el manejo de vacunas. En específico, el artículo 198 nos permite interpretar la posibilidad de que los establecimientos, previa autorización, sean facultados para procesar y comercializar con semejantes medicamentos y vacunas, lo que lleva a concluir que tampoco podríamos encontrar un fundamento justificado para la exclusión de su colaboración, por lo menos hasta el momento.
El análisis de la legislación es útil, pero debe llevarnos al camino de la búsqueda de justificaciones y soluciones. Solamente podemos especular respecto de los motivos de las declaraciones recientes, aunque sí podemos dotar de solidez a las propuestas de robustecimiento de la campaña de vacunación contra el virus. A mayor urgencia y trascendencia de la proeza material, mayor engranaje será necesario para hacerlo realidad.
* Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.
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