En sus ansias novilleras, el senador Salomón Jara camina entre breñales y de tropiezo en tropiezo se dirige al despeñadero.
Alguien le debería advertir que no por tanto madrugar le puede amanecer más temprano pues en sus prisas está cometiendo muchos yerros que, en política, resultan fatales, sobre todo cuando cultivas amistades sospechosas. Después de su destape en el Auditorio del Fortín con un costo millonario que pagó la entonces presidenta de la JUCOPO, Laura Estrada Mauro, integró un patibulario frente de presidentes municipales de la franja istmeña que operan con estrategia delincuencial y hace unos días se reunió con dirigentes del FUCO en el Istmo de Tehuantepec que fueron exhibidos en dos narcomantas, como miembros de la delincuencia organizada.
El aviso en esas mantas exhibidas en Zanatepec, una en la fachada de la Iglesia de la Santa Cruz y otra cerca del panteón municipal, es analizado por los grupos de inteligencia de la GN. Con base en el texto, deducen que se trata de un choque entre grupos mafiosos ligados a la política. Una de las mantas dice:
“Este mensaje es para todas las perras traidoras que nos chapulinearon y nos traicionaron yéndose a operar para el CJNG a través de su fachada FUCO. Para ti maestro Ruiz Escobar páganos los dos millones que le metimos a tu campaña maldito traidor. Para todas tus perras piel Morena, Tomas Aquino Linares, Beto Partazales y todos los chapulines que hoy se sienten gente del Mencho. Los vamos a reventar vamos por ustedes y sus familiares. Atentamente cartel del Istmo”.
Los nombres citados en esas mantas son dirigentes y activistas de la FUCO, organización con la que constantemente se reúne Salomón Jara en su adelantada campaña por la gubernatura. Mencionan a Beto Parrazales dirigente regional del FUCO y al delegado Rubén Escobar quien saltó del Partido Verde al Morena, invitado por el propio Jara.
Por las implicaciones que pudieran tener en esta trama Salomón Jara y otros políticos istmeños, principalmente de Juchitán como el edil Emilio Montero, los órganos de inteligencia investigan minuciosamente.
Encontraron que, efectivamente, los implicados son políticos forjados en la COCEI, que operan con el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero. Éste funge como una especie de capo del FUCO.
Tomás Aquino era del Partido Verde y al pasar a formar parte del FUCO brincó al Morena. Cuando el edil de Juchitán llegó al poder tuvieron divergencias por manejo de dinero y hoy son acérrimos enemigos, incluso, dicen, se amenazaron de muerte.
Beto Parrazales es de Zanatepec y, como dice la manta, hace negocios no muy claros con Emilio Montero de quien fue su guardaespaldas y le llevaba las cuentas de los moches con las constructoras. Del padrinazgo de estos dos surgió el clan político de jóvenes conocidos como “sub17” que sirven como grupo de choque, actualmente están integrados al cabildo y otros puestos. Beto Parrazales fue presidente de Tapanatepec y hoy maneja las finanzas de Emilio Montero. Ruiz Escobar fue candidato a presidente municipal de Chahuites pero perdió. A este le reclaman los dos millones con que financiaron su campaña. Lo raro es que el llamado Cartel del Istmo le reclama ese pago cuando en Juchitán saben que el que pagó esa cantidad fue Emilio Montero.
Estos políticos en negocios tan turbios integran el FUCO que apoya la candidatura de Salomón Jara. Estas ligas y otras relaciones políticas como la del presidente municipal de San Blas Atempa Antonino Morales y el grupo cuasi mafioso de diez alcaldes del Istmo, despiertan sospechas en torno a Jara.
Sus bonos están cayendo a partir de que algunos medios dieron por hecho que la DEA estaba investigando sus posibles ligas con la delincuencia organizada a partir de su estrecha relación con personajes como los que descubren las narcomantas de Zanatepec.
EL OTRO ASPIRANTE
Todo parece indicar que Morena ha marcado con tache tanto el nombre de Salomón como el de Adelfo Regino Montes, políticos sobresalientes en Oaxaca.
Si los órganos de inteligencia andan en pesquisas en torno a Salomón, ONGS internacionales, desaprueban la actuación de Adelfo al frente del INPI.
La relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Antonia Urrejola, advirtió que la realización de megaproyectos en comunidades indígenas sin consulta y sin consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas. La misma crítica ha vertido la relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
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