Mucho ruido y pocas nueces dice el viejo adagio que se puede aplicar a lo que sucede en la actual administración con las acusaciones de abusos e irregularidades.
Son muchos y muy variados los escándalos que se acumulan por parte de los altos mandos de Morena, ninguno de los cuales son investigados o cuando lo son arroja resultados.
Lo mismo atañe a desvío de recursos, acusaciones de abusos, mano negra en licitaciones, excesos y atropellos de todo tipo.
Gobernadores, servidores públicos y legisladores caben en una misma tómbola, de la que podrían ser sorteados aquellos que enfrentarían la acción de la justicia.
En tan solamente seis años se han presentado una serie de situaciones anómalas que jamás han requerido de seguimientos por parte de las autoridades.
Las joyas de la corona siguen siendo Segalmex e Insabi, la primera a punto de desaparecer y la segunda en extinción. En ambos casos se procedió a la creación de nuevos organismos que los suplan, pero nada se dijo de los recursos desviados y malgastados.
Los directores de ambos organismos Ignacio Ovalle y Leonel Cota, en el caso de Segalmex fueron reubicados. El primero fue destinado a la Secretaría de Gobernación donde se le protegió y el segundo que llegó en calidad de bombero ante el destape de la cloaca ocupa una subsecretaría en Agricultura. En el caso de Juan Ferrer, ex del Insabi, es actualmente subsecretario de Salud.
Sucedió algo similar con Francisco Garduño, quien desdeña las acusaciones que pesaban sobre él por la displicencia mostrada en el caso de los 40 migrantes que murieron calcinados en una prisión. Garduño sigue siendo el director de Migración “por su experiencia”.
Adán Augusto López denunció que el anterior coordinador del Senado, Ricardo Monreal, realizó contratos simulados por un monto de 150 millones de pesos, por lo que lo denunciaría ante la fiscalía, pero no ocurrió así, aunque tampoco hubo interés por investigar qué había pasado con esos contratos apócrifos.
En el Infonavit se encontraron grandes irregularidades desde los tiempos de la administración de Enrique Peña Nieto con posibles vinculaciones con el ex gobernador de Oaxaca y hoy senador de Morena, Alejandro Murat, y hasta el momento no se sabe nada de las investigaciones.
Zoé Robledo, director del IMSS, ha sido señalado por algunos proveedores por malas artes en las licitaciones y se hablaba de su relevo, pero manos misteriosas lo mantienen en el cargo.
El gobernador de Tabasco, Javier May, señaló a un exjefe policiaco (Hernán Bermúdez) de ser el jefe del grupo criminal que opera en el estado, aunque no se le dio seguimiento a sus señalamientos. También responsabilizó a los anteriores gobernantes (Adán Augusto López y Carlos M. Merino) de abrir las puertas del estado a la delincuencia.
La encargada de Conade, Ana Gabriela Guevara, fue señalada durante toda la administración pasada por diversas irregularidades en su gestión, aunque recientemente Rommel Pacheco, su sucesor, descartó que haya irregularidades, pero aclaró que aún está por verse el balance de su administración.
Rutilio Cruz Escandón, exgobernador de Chiapas, fue premiado con un consulado por su pésimo papel como gobernante. Rutilio fue apático y desdeñoso con la gran violencia e inseguridad apostada en Chiapas.
Cuauhtémoc Blanco, actual diputado y exgobernador de Morelos, fue señalado durante su gestión por diversos temas, desde su eventual relación con los principales grupos delincuenciales, pasando por desvío de recursos y ahora hasta de acoso sexual e intento de violación, además de amenazas en contra de su propia hermana.
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, es señalado por supuesta vinculación a las organizaciones delincuenciales y también por haber manipulado junto con la exfiscal del estado la escena del crimen de Héctor Melesio Cuén.
El senador Félix Salgado fue señalado y acusado por mujeres de haber abusado sexualmente de ellas y jamás se investigó nada.
Como máximas joyas se encuentran los casos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, con múltiples señalamientos de desvío de recursos.
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