El pasado martes, el gobernador Alejandro Murat, acompañado de la Secretaría de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle, inauguraron el Parque “Eólica del Sur”, ubicado entre Juchitán de Zaragoza y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec. Se trata del parque eólico más grande de América Latina. Ello permitirá ubicar a Oaxaca como un líder en la generación de energías limpias, pues según fuentes oficiales, este parque habrá de generar 396 megavatios. Es importante subrayar que previo su arranque, hubo una consulta a las comunidades indígenas, por lo que fue posible la instalación de 132 aerogeneradores sobre una superficie de cuatro mil 500 hectáreas. Con la puesta en marcha de este proyecto, nuestra entidad tendrá instalados 28 parques, lo que constituye en términos llanos la generación de 2 mil 756 megavatios a través de sus mil 583 aerogeneradores. Esta inauguración no omite poner en tela de juicio que desde hace dos años y medio, cuando inició el gobierno de Murat Hinojosa, es el único gran proyecto del que se venia hablando hasta que fue puesto en marcha. Con la construcción de este parque, que significó una inversión de más de mil 200 millones de dólares por parte de Mitsubishi en coordinación con Fonadin-Balam, se crearon dos mil 500 empleos directos e indirectos.
Vale la pena reconocer que el citado proyecto eólico no es nada nuevo. Inició, como lo reconocieron sus directivos, hace siete años, aunque lo más importante fue haber llevado a cabo la primera consulta a los pueblos indígenas para México, primero en El Espinal y luego en Juchitán, para lograr que empresa y comunidad cumplieran los requerimientos de un parque eólico en donde la población está deseosa de crecer y salir adelante. No dudamos que tal cual la excesiva politización de la región istmeña, en donde pululan extorsionadores enquistados en supuestas organizaciones de corte indígena, como la misma Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) y otras como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), más aún la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán o las que dicen defender la lengua y el territorio, estén en vías de boicotear la producción de energía limpia o meter ruido en donde ya han sido rebasados, con la anuencia de las propias comunidades, autoridades de bienes comunales u otras instancias con capacidad de autorizar el aprovechamiento del viento.
¿Habrá justicia?
Un breve recuento de hechos, para ubicar al lector. El primero de junio de 2018, en la madrugada, tres personas fueron asesinadas por un presunto grupo armado. Las víctimas fueron Pamela Itzamaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Jiménez Terán. La primera era candidato a Síndica Municipal por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para el municipio de Juchitán de Zaragoza, cuyo primer concejal era Hageo Montero. La segunda víctima fue la fotoperiodista, que estaba en ese momento en el municipio istmeño, pues había sido comisionada por su jefe, el ex Secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero López, para que cubriera la campaña política de su hermano, incurriendo en ello en un delito electoral y, la tercera víctima, era maestro, encargado entonces de conducir el automóvil de la primera. Los tres fueron abatidos de manera cobarde, al salir de un conocido bar de la citada población. Como es la costumbre, los cuerpos de Pamela y Adelfo fueron recogidos por sus familiares para llevarlos a su domicilio, no así el de María del Sol, hija de nuestra compañera periodista, Soledad Jarquín Edgar.
El triple crimen causó indignación no sólo local sino nacional y obligó al gobierno de Alejandro Murat a montar un operativo urgente de seguridad, dado que los candidatos de los diversos partidos y coaliciones amenazaron suspender sus campañas, ante el clima de inseguridad. Pocos meses después, uno de los presuntos autores materiales fue detenido, pero liberado por evidentes presiones políticas, justo cuando habría de ser vinculado a proceso. La libertad de dicha persona volvió a poner el tema del triple homicidio en el ojo del huracán mediático. Nada se logró. Sin embargo, el pasado lunes, luego de exhaustivas diligencias, seguimiento puntual del caso y política de cero impunidad contra crímenes de alto impacto, permitieron que la Fiscalía General del Estado (FGEO), lograra la detención de un segundo probable implicado en el triple homicidio. Se trata de José Eduardo E. H. C., de 25 años de edad, quien fue detenido este 27 de mayo por Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), en cumplimiento a la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 388/2018 por el delito de homicidio calificado con ventaja. Esperamos que la Fiscalía General del Estado aporte los elementos necesarios para que se haga justicia y se otorgue al menos un poco de tranquilidad a las familias que perdieron a los suyos.
