Operadores políticos de primer nivel del gobierno del estado cabildean intensamente para encauzar la candidatura del notario público Gilberto Gamboa Medina a la Rectoría de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Convencidos de que la sobada “autonomía” ha servido solo para fortalecer cacicazgos y corrupción, van -según me dicen- por la candidatura de un personaje institucional.
Después de analizar nombres como el del maestro Christian Carreño y otros universitarios, todo indica que decidieron impulsar el nombre de citado fedatario.
Alejados un poco de la praxis política que es la eterna lucha por someter al adversario, parece que los grupos de poder fáctico decidieron aceptar la negociación que, según me dicen, implica posiciones para todos los grupos.
Así han llegado a la conclusión de que Amilcar Sosa. del equipo STAUO, sería el Secretario General. La dirección administrativa está sobre la mesa de negociación para el dueño del SUA, Silviano Cabrera; el área de Finanzas quedaría en manos del mismo STAUO con Rafael Martínez. Abraham Martínez Alavés entró a la negociación a cambio de tres importantes posiciones: dirección jurídica, el departamento de Redes y el de vinculación académica. El poder de la Loba, Leticia Mendoza, al interior de la Universidad queda supeditado al control que ejerce en la Preparatoria número seis, la Escuela de Veterinaria y algunas redes de control en Bellas Artes.
Los cabilderos del gobierno están seguros que con este reparto “equitativo” entre los grupos de poder dentro de la UABJO, podría transitar sin mayores sobresaltos el relevo del Rector lo que podría ser en octubre próximo.
En esta negociación, los mediadores ven un paso importante para el rescate de una institución tan deteriorada y saqueada como la UABJO: el próximo Rector sería un personaje más apegado a la institucionalidad que a los grupos de poder al interior de la institución.
MALDITA ESCUELA
No hay duda, Oaxaca es la escuela del terrorismo político que implantó el cartel 22 desde el 2006. La enseñanza del bloqueo de calles y carreteras y la agresión a los automovilistas y peatones, metió a la ciudad en los últimos cuatro días en un caos vial infernal. Oaxaca, otra vez, es rehén de los vividores del chantaje político.
La advertencia para los dueños de estos grupos de presión de parte del gobernador Alejandro Murat, es muy precisa: “aunque marchen no habrá más dinero”. Una frase que revela la verdadera intención que los mueve.
Además de dinero, quieren impunidad porque apegados a su estrategia de incitar a la muchedumbre han cometido delitos graves. Entre la masa informe sus activistas pierden valores y cometen actos a los que, como individuos, no se atreven. Como montoneros incurren en delitos muy graves, hasta el asesinato. ¿Y quiénes son?
Hay dos grupos visibles en la nueva embestida con cerca de mil activistas que reclutan en comunidades de la Sierra Sur, como Teojomulco, y en los cinturones de miseria de la capital. Uno es el llamado Comité para la Defensa del Pueblo (Codep) y la temeraria Codedi que lidera Abraham Ramírez que está señalado por cometer delitos graves como secuestro de personas y homicidio. El primer grupo lo manejaba Samuel Hernández que murió por Covid y ahora su pareja Jaqueline López Almazán, una osada mujer acostumbrada a las movilizaciones para recibir dinero público que nadie sabe a dónde va a parar.
En mi entrega de ayer di pormenores de los delitos que han cometido sus pistoleros. Unos están en la cárcel, otros son perseguidos. Para todos quieren impunidad.
El gobernador Murat públicamente les ha dicho que no más dinero para las organizaciones sociales y que una cosa es el tema social y otra el de la criminalidad. El que haya transgredido la ley irá a la cárcel. El propio presidente AMLO, por su parte, ha dado una orden inflexible: no más dinero del gobierno a los que maneja los grupos sociales “¡Eso se acabó!”.
Estos grupos armados con machetes y palos montaron ayer 18 bloqueos en calles y carreteras. Arremetieron de la manera más brutal contra los ciudadanos, el gobierno no movilizó a sus fuerzas porque también conoce la estrategia de provocación de la muchedumbre, entonces ¿qué sigue?
Actúan así porque, al final, el gobierno les entregaba dinero y se retiraban. Hoy es diferente. Movilizar a unos 600 activistas, como lo hacen desde hace 4 días implica gastar unos 300 pesos por cada uno. Están invirtiendo unos 180 mil pesos cada día. Al no recibir más subvenciones ya no les resulta el negocio. La industria del chantaje político parece estar tocando fondo.
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