Qué ironía. Ahora que el presidente AMLO ha decidido impulsar la economía de Oaxaca y del sureste del país, con el Tren Transístmico, al interior de su partido, el Morena, hay torpederos. Los dos principales enemigos de esta obra son: el senador Salomón Jara y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes. Para sus fines utilizan organizaciones radicales y a un grupo de presidentes municipales de la zona.
Estos dos ambiciosos personajes insisten en anteponer sus intereses mezquinos (sueñan con ser candidato en el 2022) a los de esta magna obra que, incluso, está catalogada por el BID como la de “mayor aportación en productividad y crecimiento que el Tren Maya”. De entrada, el gobierno federal anuncia una inversión de 1,200 mdp.
Esto es muy preocupante porque este proyecto significa, en sus propias palabras, esperanza para Oaxaca y el sureste del país.
Aunque el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa y el responsable de la empresa Rafael Marín Mollinedo, el pasado fin de semana supervisaron el avance de los trabajos y hasta los acompañó Vilma Martínez, presidenta municipal de Tehuantepec, una de las incondicionales de Salomón Jara, las embestidas no cesan.
PRIMERA ACOMETIDA
Aunque las amenazas se veían venir desde el bloque de presidentes municipales de la región que aglutina Salomón, el pasado día primero mostraron sus cartas.
En la colonia Rincón Viejo, reunieron a medio centenar de autoridades municipales y agrarias de 14 poblaciones de los municipios de Santa María Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi, Barrio de la Soledad y hubo hasta mujeres acarreadas de supuestos comités de Salud.
La intención es boicotear el avance del Tren Interoceánico. Así se vio con la presencia de algunos representantes del Movimiento ferrocarrilero Demetrio Vallejo. Anunciaron lo que en el Morena saben hacer muy bien: un frente contra la obra Transístmica.
Alegan que los trabajos “violan los derechos de los pueblos indígenas del Istmo”. De paso se quejaron de falta de atención ante la Pandemia del Covid.
Representantes de San Juan Guichicovi y Matías Romero, los más adeptos a Salomón Jara y con el guión en la mano, se quejaron que iniciaron los trabajos sin consultar a los pueblos.
Otra queja, claramente dictada por el INPI, se refiere a la decisión de la Semarnat de dejar en manos de una empresa privada como Ferrocarril del Istmo (FIT), la consulta indígena y la auditoría ambiental.
Dijeron que unas dos mil familias tienen la amenaza de ser desalojadas en colonias de Salina Cruz, Tehuantepec, Comitancillo e Ixtepec. Denunciaron que el FIT está ofreciendo pago de rentas a cambio de que las familias acepten ser reubicadas. Los del sindicato ferrocarrilero se quejaron que les están vendiendo contratos de trabajo.
Este fue el primer golpe. Advierten otra embestida con la demanda de amparos judiciales en cuanto la Suprema Corte reinicie actividades, contra lo que llaman acciones ilegales de la Profepa por no cuidar el medio ambiente.
Estas acciones serían plausibles si fueran legítimas, pero no. Lo que buscan, tanto Jara como Adelfo Regino, es que los reconozcan como “indispensables” para el apaciguamiento de las comunidades para que el Tren Transoceánico transite sin escollos. Eso les daría posibilidades para negociar que sus sueños guajiros (ser candidato) se hicieran realidad.
DOBLE CARA
En esta arremetida contra la magna obra de la 4T, no podía estar ausente el archiconocido estratega de la industria del chantaje político, Carlos Beas, dueño de la organización UCIZONI.
Han detectado que este “luchador social” juega dos cartas. Por un lado, negocia con el gobierno para que no lo dejen fuera en el reparto del pastel, pero también se une a las presiones del senador mencionado y del director del INPI.
Este doble juego explica el hecho de que, por iniciativa de UCIZONI, comuneros de Unión Hidalgo, estén exigiendo desaparición de poderes municipales en San Mateo del Mar donde gobierna uno de los ediles más incondicionales de Jara.
Su exigencia dice: “pedimos la desaparición de poderes en San Mateo del Mar, la detención precautoria de Bernardino Ponce Hinojosa (presidente municipal) y Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez (constructor de cabecera).
Condenan la complicidad del edil y funcionarios que lo protegen porque “nada hacen por castigar a los responsables de la masacre”.
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