La reciente aprobación del Congreso del Estado, en torno a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la definición de los límites territoriales de Oaxaca respecto a nuestro vecino estado de Chiapas, debe verse con seriedad y no con celeridad. Durante años el gobierno de este estado dio atención e incluso su Congreso, aprobó la formación de municipios como Belisario Domínguez y decenas de comunidades, como Rafael Cal y Mayor. Los nombres de dichas comunidades tienen que ver con personajes de la política chiapaneca. En pocas palabras, su identidad es con el estado vecino no con Oaxaca. Es obvio pues, que el gobierno de Salomón Jara encontrará resistencias e, incluso, rebeldía. Bajo esta premisa tienen que tejer fino los responsables. El sábado pasado se llevó a cabo en Ciudad Ixtepec, una reunión interestatal encabezada por el mismo titular del ejecutivo, en donde se puso de manifiesto que hay comunidades costeras que pertenecen a Arriaga, Chiapas, estarían dentro de territorio oaxaqueño. Esto se repitió el pasado martes en Tuxtla Gutiérrez, en donde se ofreció a las comunidades afectadas certeza jurídica.
No es un artificio subrayar que la resolución de la SCJN se dio en torno a la disputa de la zona de Los Chimalapas, constantemente invadida por comuneros chiapanecos y la queja de los indígenas zoques, permanentemente olvidados por los gobiernos oaxaqueños. Se habla de depredación de bosques y riqueza forestal; de invasión de la soberanía oaxaqueña, por parte de ganaderos y latifundistas chiapanecos y hasta de operaciones ilícitas como el tránsito de indocumentados y narcotráfico, pero poco se hizo durante muchos años para exigir el respeto a los límites territoriales. Es más, el Congreso local aprobó el decreto respetivo, a años de que el máximo tribunal del país reconociera la soberanía oaxaqueña sobre los territorios que estaban en indefinición, cuestión que hoy tendrá que atender el gobierno estatal, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ahora, la labor que tienen que realizar los operadores políticos del gobierno estatal es evitar que los ánimos se desborden en la resistencia de algunos de reconocer otras autoridades estatales o de pretender desaparecer municipios. No cabe la menor duda de que la recuperación plena de la soberanía en territorio que durante mucho fue interpretado como propiedad de otra entidad, podría llevar años. Y ahí se podrá de manifiesto la habilidad, la capacidad y la tolerancia de aquellos a quienes se encomiende esta compleja tarea.
Vulnerabilidad ante siniestros
Desde hace días iniciaron con inédita fuerza algunas lluvias atípicas en la capital y los Valles Centrales. El miércoles 13 de abril se reportaron brutales granizadas en la zona de Tlacolula de Matamoros y ciertos municipios con San Juan Guelavía. El viernes 14 la capital fue escenario de una inusual precipitación pluvial, acompañada de granizo. El Zócalo de la capital y algunos sitios emblemáticos lucieron como campos nevados. En agencias y colonias se reportaron caída de árboles y si bien no hubo desgracias personales qué lamentar, el temor de caída de techumbres o paredes viejas no dejó de ser motivo de preocupación entre la ciudadanía. Al día siguiente aún podían observarse las acumulaciones de hielo que trajo consigo la inédita granizada, sólo equiparada a la que padecimos en marzo de 1993, que afectó a muchos citadinos. Sin embargo, las lluvias atípicas han continuado con singular fuerza, afectando a la ciudadanía sin que la misma tenga la atención oportuna de las autoridades.
Un ejemplo fueron los vecinos del Barrio de Xochimilco que, hasta el pasado domingo y con sus propios medios, estaban en labor de limpieza de calles y banquetas, dado que las tormentas de los días anteriores, habían llenado de lodo y piedra las vialidades. Pese a que la Unidad de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos actúan con celeridad ante este tipo de emergencias, quedan los resabios que por su capacidad no pueden atender, como es el hecho de movilizar maquinaria pesada para limpiar de escombros o atender los daños en la red de drenaje y alcantarillado. Es cierto, como lo denunciaron a tiempo muchos afectados, que el municipio de Oaxaca de Juárez no actuó con diligencia y oportunidad.
La lección de estas emergencias recientes es que la ciudadanía debe recibir las alertas oportunas y tempranas respecto a precipitaciones pluviales y otros siniestros que pueden ser anticipados por los organismos que llevan mediciones meteorológicas. Además, el gobierno, al menos estatal y municipal, debe disponer de los elementos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia. No se trata de cuestiones que puedan ser postergadas a placer, sino de acciones de vida o muerte que no esperan dilaciones. Hundimientos, deslaves, desgajamientos de cerros y otros, obligan a la gente a desplazarse hacia lugares seguros. No se trata de discursos políticos, sino de atender de manera oportuna cualquier caso que ponga en riesgo la vida de los habitantes.
