Como ya hemos dicho, desde la semana pasada las medidas para hacer frente al Covid-19, que puso en marcha el gobierno de Alejandro Murat, se hicieron más enérgicas. Una de ellas fue despejar el Centro Histórico de comerciantes en la vía pública, pues sabemos que ha sido el paraíso de la economía informal. Sin embargo, videos y fotos muestran que la ciudadanía ha dejado prácticamente de circular por ese espacio público. No así los miembros de grupos u organizaciones sociales que se han apropiado prácticamente de dicho espacio urbano. En efecto, quienes se asumen cuasi propietarios, insisten en seguir lucrando con el mismo, pese a las medidas de contingencia y los llamados de las autoridades. Nos referimos a tres grupos y organizaciones: los triquis, fraccionados en tres grupos que se dicen desplazados, liderados por Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez, además de dos verdaderos pájaros de cuenta que encabezan esa invasión ilegal: Adán Mejía, dirigente de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) y Javier Aluz Mancera, a través de sus testaferros, que lideran “Sol Rojo”.
Los triquis se asentaron en los pasillos del palacio de gobierno desde 2010. Es decir, tienen ya una década que, con el argumento de que fueron “desplazados” y huían de la violencia en su región, fueron protegidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDEH). Gracias a ello han sido sencillamente intocables. Han hecho de ese espacio público, recámara, comedor, cocina, hotel de paso y negocio comercial. Su actitud es violenta cuando se trata de conminarlos en dejar dicho espacio público. El gobierno les aporta dinero, casas en renta y se han vuelto insaciables en sus peticiones. Las otras dos organizaciones son ya conocidas. Dedicadas al chantaje y a la presión al gobierno, se han dedicado a lucrar con los espacios que venden o rentan a sus secuaces. Ahí están UACOL y Sol Rojo, perviviendo de las dádivas del gobierno y de lo que obtienen del usufructo del zócalo y las principales calles del Centro Histórico. Muchas voces se han unido para exigirle tanto al gobierno estatal como al municipal, desalojar calles y zócalo y devolverle a la ciudadanía de la capital, ese espacio de esparcimiento que fue algún día. Pero ha sido el temor a aplicar la ley lo que se ha privilegiado. No los derechos ciudadanos.
¿Vejaciones internas?
El personal médico y administrativo de las instituciones de salud, no sólo han padecido la violencia de parte de personas sin escrúpulos, que desconocen su labor, sino también tratos discriminatorios y vejaciones al interior de las propias instituciones sanitarias. Ha trascendido, por ejemplo, que empleados (as) de las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat #327, Santa Cruz Xoxocotlán, no cuentan con el equipo adecuado a los protocolos establecidos en el país para el personal que labora en las citadas instalaciones médicas. Es decir, tal como si la emergencia por la pandemia no existiera. Los responsables y jefes de dicha área –han difundido algunas fuentes- han pedido que se deje de usar el cubre bocas para no infundir miedo y pánico en los trabajadores e, inclusive, se han burlado de los que lo llegan a usarlo, una situación contraria a lo que exigen las autoridades.
El acoso laboral va aparejado a la zozobra y la angustia de quienes laboran en dicha área, de tal manera que cualquier inconformidad es resuelta con el clásico: “si no te gusta, puedes irte”, en franco reto a los derechos laborales de los trabajadores. A ello hay que añadir cargas adicionales y excesivas de trabajo, sin que los afectados, por sus propias condiciones laborales estén, por decirlo de manera coloquial, como médicos y enfermeras, en la primera línea. Ello incluye días festivos o fines de semana. La preocupación de los afectados es que no se les dote de los instrumentos necesarios y requeridos en esta etapa de mayor contagio por la pandemia ya conocida. La situación de cerca de 75 trabajadores, en almacén y oficinas administrativas se ha vuelto más compleja y peligrosa, a raíz del arribo de decenas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para resguardar las instalaciones.
Sin cubre-bocas, con condicionamiento de los mismos jefes administrativos y en la Fase 3 de la pandemia, los trabajadores han sentido una especie de olvido de parte de las autoridades y de la institución a la que pertenecen: el IMSS. Y es que resulta paradójico que, en la misma institución, que está junto con el Sector Salud al frente de la lucha contra la pandemia, se les regatee a los empleados (as) los elementos mínimos para cumplir puntualmente con los protocolos que ha instruido el gobierno federal y seguido por los gobiernos estatales y municipales.
