Por Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
En días pasados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron dos recursos respecto al tema del aborto, uno referente a Coahuila y otro a Sinaloa; y el último sobre objeción de conciencia, está programado para que lo resuelvan este lunes 13 de septiembre.
El Ministro Presidente Arturo Zaldívar dijo: “En el PJF no vamos a permitir que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una prisión injusta por ejercer sus derechos. La SCJN ha dictado una sentencia obligatoria, nuestras abogadas y abogados defenderán a las más desprotegidas”
El pleno de la SCJN determinó que es inválida la disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción ya que las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos.
Por lo tanto, declaró inconstitucional e inválido que los Congresos locales reconozcan “la vida humana desde la concepción”, facultad que únicamente corresponde al Congreso Federal.
Este tema inevitablemente es polémico e involucra todos los aspectos que tienen que ver con la persona y con el tipo de sociedad que se desea. También platea cuestionamientos como: ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuál es el fundamento legal que sustenta estas decisiones? ¿A quién beneficia? ¿Qué consecuencias trae?
Se dice que antes de las 12 semanas, el embrión o feto, todavía no es un ser humano puesto que solo es una bola de células; sin embargo, a medida que la ciencia avanza se va descubriendo que desde el primer momento de la concepción, el óvulo fecundado establece su propio ADN es decir su código genético, por lo que desde ese momento ya está determinado si es hombre o mujer. Justamente es este código genético el que hace diferente a una persona de otra.
Otro de los argumentos que se expusieron es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo; pero, la pregunta es ¿cuál es la parte del cuerpo que elimina la mujer al abortar? Es decir, no está decidiendo sobre su cuerpo, sino sobre el de otro ser humano, que por la etapa de crecimiento en la que se encuentra resulta ser el más vulnerable. De acuerdo a estadísticas, el 51% de estos seres humanos son mujeres a quienes se les quitaría la vida a través de un aborto.
Otro de los argumentos presentados es que existen injustamente muchas mujeres en prisión por este delito, lo cierto es que específicamente en el caso de Coahuila no hay una sola mujer presa por aborto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública con corte a mayo de este año. A nivel nacional solo hay 107 personas presas por aborto de las cuales 6 son mujeres y 101 hombres. Es decir, la disposición podría beneficiar más a hombres que a las mujeres que dicen defender. Estos hombres están presos porque ejercieron violencia sobre mujeres embarazadas a quienes provocaron abortos.
Entonces si analizamos quienes son los beneficiados de este tipo de disposiciones encontramos que el fondo es promover a la industria trasnacional del aborto. Pronto veremos en el sector salud, a las filiales en México de estás trasnacionales, dando “capacitación” a los médicos, o mejor dicho, amenazándolos para practicar los abortos. Por eso les urge a los ministros echar abajo la objeción de conciencia. Estas empresas también, son las que venderán al sector salud el instrumental y equipo para realizar esta práctica, y por si fuera poco, también establecen clínicas privadas con contratos de subrogación con los gobiernos. Esto de ninguna manera beneficia a las mujeres, lo único que logra es promover el aborto y aumentar el número de muertes de mujeres por esta causa, porque el aborto tanto clandestino como legal en ningún momento es seguro. Esto ya sucede tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, donde incluso estas empresas se publicitan por diversos medios incluyendo spots en radio.
Algunos juristas no se dan cuenta que al desproteger la vida están minando los cimientos del estado de derecho y del Estado mismo. Estos surgen y tienen la función de regular la convivencia entre las personas a efecto de garantizar la vida, la libertad y la seguridad, de otra forma prevalecería la ley del más fuerte. “El último grado de perversidad, es hacer servir las leyes para la injusticia”. En este tema es importante escuchar todas las voces. ¿Usted qué opina?
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