JORGE E. FRANCO JIMÉNEZ
El ejercicio de gobierno actualmente, secuencia del anterior, incrementa la alteración del principio democrático que formalmente lo rige, como se lo impone la Constitución, justificándola con argumentos aparentemente democráticos para engañar al pueblo de México, cuando en realidad se utiliza, el voto que se emitió para elegir presidenta y legisladores, con ese objetivo específico, pero no fue producto de una consulta al ciudadano el que ello sobrellevara, el desmantelar el principio de la división del ejercicio del poder y las instituciones del país, cimientos en los que descansan las acciones de un buen gobierno sujeto a controles que eviten la arbitrariedad.
El gobierno de la 4t es un instrumento de poder sin límite que ha roto la estructura institucional del Estado Mexicano Democrático de Derecho, al impulsar medidas que destruyen a uno de sus poderes, el judicial y su cabeza, la Suprema Corte, para precisamente convertirla en lo contrario a su función esencial, mantener la regularidad del orden constitucional mexicano y debo reiterarlo, restringir de esta manera al órgano de protección de los Derechos Humanos de los mexicanos.
Utilizan, el Ejecutivo y el legislativo, la coacción constitucional de una Reforma del Poder Judicial Federal con el objetivo de sustituirla por un aparato que le sirva para justificar la arbitrariedad que, ahora ha complementado con el brazo armado que se hará cargo de la seguridad pública, con lo cual cierra la pinza como medida de atemorizante para el gobernado ya que tenemos, una presidencia que legislada y juez, investigador y perseguidor de los delincuentes con besos y abrazos o bajo un nuevo y renovado diseño todo ejercido por una sola persona.
Sin inmiscuirse directamente, de facto, implementa el temor de manera indirecta, provoca, artificialmente juicios políticos contra sus adversarios, atemoriza o compra legisladores como ocurrió con senadores y diputados del congreso que votaron las reformas del poder judicial; se une a ello la política del terror, son asesinados presidentes municipales, secretarios municipales, policías entre otros hechos, como los que ocurren en Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Guanajuato.
Esto actos parecen ser parte de un rejuego político, en el que todos los días, oficialmente se nos dice que el pueblo manda, pero no sabemos a quién ni como, pues el aspecto democrático de un país, no es disfrazar una elección de presidente y legisladores, con una consulta que no se llevó a cabo, para demoler el estado de derecho como República Federal y, a un gobierno sustentado en la división del ejercicio del poder, como forma de limitar el quehacer abusivo de los poderes políticos, el Legislativo y el ejecutivo. Este juego se reproduce todos los días y por todos medios, de manera tal que se convierte en verdad, de que el voto incluyó la consulta de un tema de trascendencia nacional, como lo es el Poder Judicial y específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Por ese tema no votamos los ciudadanos, esa es una deducción falsa y demagógica.
Lo otro punto de aparente sentido democrático, que impulsa la reforma del poder judicial, es el que ministros, magistrados y jueces sean electos por sufragio, es decir por simpatía, por campañas de promoción del voto ciudadano, de los que propongan los poderes, mayoritariamente el legislativo y el ejecutivo, ambos seis y tres el poder judicial en el caso de los ministros y, en forma similares, los demás tanto federales, como los magistrados y jueces de los estados.
La pregunta es, este es un acto democrático o un acto dirigido y orientado por el poder, pues el ciudadano votará por los que éste les propone, con lo cual nuevamente se enmascara un acto de abuso del poder, mediante el engaño de que ese procedimiento es democracia, cuando realmente es una designación disfrazada del reparto de los cargos judiciales a favor de los poderes legislativos y ejecutivos, en los dos niveles del gobierno, el federal y estatales.
Lo anterior no es democracia, pues a diferencia, de los procesos de elección de legisladores y ejecutivos, se da en una contienda que intervienen partidos hegemónicos y sus satélites, partiditos y algunas candidaturas independientes que, por los menos, luchan por mantener su registro y algunos cargos minoritarios para gozar de los dineros públicos que se les otorgan e incluso de organizaciones delincuenciales. En este caso hay una contienda que, en México es desigual, salvo una o dos excepciones, pero que justifica el enfoque democrático por tratarse de órganos de poder político.
Lo que está ocurriendo confirma que, en nuestro país, los mexicanos carecemos de un medio constitucional de defensa que nos permita combatir, ante la Suprema Corte como órgano del Poder Judicial Federal autónomo e independiente, la reformas constitucionales aprobados por el Congreso y que por ser de trascendencia nacional y regional deben sujetarse a una consulta previa que se haga a la ciudadanía y que pase por el tamiz del órgano de la Corte, antes de ser sometida a la aprobación de las legislaturas de los Estados. Consulta que ya está diseñada en la Constitución en su artículo 35.
Mientras tanto seguiremos sujetos a el variado enfoque y criterios de interpretación que esperemos sean precisados por la actual Suprema Corte aun en funciones, bajo los principios de universalidad y progresividad que impone el artículo 1º., Constitucional que por menos constituya un precedente de esperanza para el pueblo.
El pueblo y la ciudadanía estamos indefensos ante esas acciones de autoritarismo concentrado que somete la soberanía del régimen interior de los estados, como lo demostró la aprobación de las legislaturas, sin debate ni análisis que ya tenía preparado anticipadamente el decreto de aprobación.
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