Por Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
Desde las anteriores administraciones, tanto estatales como federales el sector salud fue visto como una caja chica. La falta de medicinas, las obras fantasmas, el servicio deficiente, la corrupción en las áreas de compras y almacén fueron una constante.
En 2018, a la entrada de la nueva administración federal, la promesa fue el contar con servicios de salud de primer mundo. En su primer discurso, al asumir el cargo, el presidente se comprometió a hacer realidad el derecho a la salud. Pero dice el dicho: “más pronto cae un hablador que un cojo”. A principio de 2020 se anunció la desaparición del Seguro Popular y que éste sería sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
El Seguro Popular, con todo lo que se le pueda criticar fue un programa exitoso. Su sistema de financiamiento lo hacía autosostenible, logro afiliar a un sector amplio de la población y logro dar cobertura a un amplio catálogo de enfermedades como el cáncer en mujeres y niños. No estuvo exento de corrupción, sobre todo en los niveles estatales.
Por otro lado, el Insabi nace de cero. Con un presupuesto recortado, sin un padrón de beneficiarios, y con un catálogo de enfermedades a cubrir disminuido. El Insabi se creó pensando más en cuidar la cartera que la salud y la vida misma de los mexicanos. Erróneamente, todo lo logrado y aprendido en el Seguro Popular se echó a la basura.
Actualmente, padecer de una enfermedad como cáncer es una verdadera tragedia. El costo de los medicamentos y tratamientos es estratosférico. Inalcanzable para una familia promedio. Además de devastar a las familias por el sufrimiento, el desgaste económico es demoledor. Las familias quedan en ruina, endeudados y con pocas posibilidades de salvar la vida del hijo, hermano, padre o madre.
Cometer actos de corrupción en este sector, así como aplicar políticas de austeridad, regateando presupuesto para rubros básicos resulta verdaderamente criminal.
A dos meses de haberse creado el Insabi, en marzo de 2020, nos alcanzó la pandemia SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19, en el peor momento de la salud en México. Aunque algunos digan que les “cayó como anillo al dedo” resulta incomprensible esta declaración sin apuntar hacia intenciones perversas. Los resultados hablan por sí mismos.
El número de muertos en México por esta pandemia superó a la cifra de recursos que las autoridades de salud anunciaron con “bombo y platillo” que se habían ahorrado para la atención de Covid 19. El número de pacientes y médicos fallecidos en México por esta enfermedad destaca de manera escandalosa a nivel mundial.
Contrario a las necesidades reales de la población los Congresos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación están más preocupados por atender “modas ideológicas” como por promocionar el aborto, destinado recursos para ello y quitándole a los médicos su derecho a la objeción de conciencia que atender las necesidades presupuestales del sector salud, en estos momentos, cuando más que nunca, requieren de todo el apoyo de las Instituciones.
En respuesta a las protestas de los padres de familia de niños con cáncer, el subsecretario federal de Salud Hugo López-Gatell los llamó “golpistas”, por considerarlos como instrumentos para desestabilizar al gobierno federal.
En Oaxaca, el tema hizo crisis esta semana. Diversos hospitales comunitarios como el caso de Ixtlán y Salina Cruz anunciaron deficiencia en su atención sobre todo en las áreas pediátricas debido al despido de personal.
La mañana de este viernes 17 de septiembre, los padres, madres de familia y tutores de niños con cáncer protestaron para exigir que se garantice el acceso a quimioterapias y atención médica para sus hijos.
Los padres denunciaron que no hay dinero para que el hospital pague estudios para determinar el tipo de cáncer que padecen los niños, mientras que médicos de alta especialidad como hematólogos, infectólogos y enfermeras especializadas en niños, forman parte de quienes fueron despedidos.
Un grupo de 75 trabajadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña fueron despedidos, lo que representa 30% de la plantilla, de los cuales 18 son médicos especialistas, 37 enfermeras y el resto camilleros, trabajadores de cocina y de limpieza.
El tema es de atención prioritaria para los tres poderes y para los tres niveles de gobierno. Mi solidaridad para las madres y padres de familia de niños con cáncer.
