Por Yuririra Sierra
Cuando está por llegar al tercer año de gobierno, la evaluación tendría que hacerse sobre el trabajo realizado. Es decir, comparar lo hecho en el último periodo con el que le precedió. Cuando tenemos que irnos más atrás para entonces hablar de avances significativos, es porque no hay nada en el inter que nos permita calificar como óptimo nuestro desempeño. Lo menciono porque ayer en Palacio Nacional anunciaron que la incidencia delictiva del fuero federal se redujo casi al 30 por ciento entre enero y julio de este año. Uno pensaría que está reducción es notable cuando se ven los números del mismo periodo del año anterior, pero no es así. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respalda estos números al compararlos con los índices del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto; es decir, entre enero y julio de 2018.
Según los datos revelados en la mañanera de ayer, en los primeros siete meses de este año se registraron 19 mil 788 homicidios dolosos; un año antes la cifra fue de 25 mil 52 carpetas de investigación; en 2019 la cifra fue de 20 mil 135; en 2018 ese año usado como referencia, fueron 19 mil 335.
Así que respecto a la violencia no ha habido ningún cambio significativo, sólo la falsa idea de que se está avanzando, esa misma idea que se escucha todos los días al tiempo en que en los espacios informativos damos cuenta de una o varias ejecuciones; peor aún, de una o varias masacres. Se ha vuelto costumbre llegar al lunes y calificar el fin de semana como “el más violento hasta el momento”, así de trágico.
Si hablamos de delitos del fuero común, que tienen que ver directamente con la violencia de género, el panorama luce aún más triste. En el último año, la trata de personas se incrementó casi 40%, las denuncias de violación casi 30% y los feminicidios casi 15%. Ahí están los números de un gobierno que se asume feminista, pero que criminaliza la protesta y desestima a tal grado las acusaciones de abuso sexual que incluso quiso hacer candidato a un nombre sobre el que pesan al menos cinco acusaciones.
En el informe presentado por Rosa Icela Rodríguez, la línea sigue siendo la misma: justifican que el incremento de los casos de feminicidio corresponde a que antes no se registraba correctamente el delito, esto a pesar de la evidencia periodística y legal que comprueba que se tipificó en 2012. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue hasta 2018 que se instrumentó una metodología para su medición y hasta el 2019 en que comenzó hacerse con transparencia. Como si eso restara importancia a los diez asesinatos de mujeres que se perpetran cada día desde hace tantísimos meses.
No importa quienes nos gobiernen, México seguirá siendo el país que maquilla cifras para ocultar heridas que hoy intentan cerrar con abrazos.
