El 3 de octubre de 1866 se libró en Miahuatlán de Porfirio Díaz, una de las batallas más emblemáticas de la Guerra de Intervención. El General Porfirio Díaz, con el apoyo de jefes militares como Feliciano y Apolinar García, derrotaron de manera contundente al famoso Ejército Francés. Escenario de esta gesta heroica fueron los cerros de “El Yolveo” y “Los Nogales”, en donde hoy se encuentra un monumento en homenaje a los cientos de caídos en combate. Años después, en sus memorias, Díaz habría de reconocer la batalla de Miahuatlán, como “la más estratégica de su vida militar y la que la abrió las puertas de México”. En efecto, de ésta habrían de seguir la batalla de La Carbonera, el 18 de octubre de 1866 y la del 2 de abril de 1867 en Puebla, que fue la definitiva para que el presidente Benito Juárez pudiera restablecer la República. El Patricio de Guelatao jamás podría haberlo logrado sin el genio militar de Porfirio, uno de los grandes héroes nacionales, injustamente marginado de la historia oficial y calificado como dictador, olvidando sus grandes aportaciones militares, que forjaron el México moderno.
Sin embargo y lejos de reconocerlo como un sitio histórico, las autoridades tanto estatales como federales han tomado a Miahuatlán como si fuera un territorio de castigo. Ahí conviven –con sus diferencias jurisdiccionales- un penal federal de mediana seguridad, en Mengolí de Morelos y un penal regional estatal. Con el brote de la guerrilla en 1996, surgió asimismo la Zona Militar. Este coctel ha dado lugar a que dicha población se haya convertido en los últimos años en un sitio inseguro, con alta incidencia de secuestros, homicidios y ajustes de cuentas. Adicionalmente, hay un ambiente de olvido y abandono. Autoridades municipales han ido y venido haciendo del erario un saqueo cotidiano, sin contribuir al desarrollo urbano y social de los miahuatecos. Hace algunos años un Concejo Ciudadano, formado por cientos de pobladores, intentó de manera positiva participar en tareas que le competen al gobierno municipal y en su oportunidad denunciaron el saqueo. Nada ocurrió. La impunidad de los munícipes, regidores, asesores y otros, es insultante. Es menester que no sólo en estas fechas históricas sino siempre, el gobierno estatal voltee la vista a esta población, cuyo nombre figura de manera emblemática en los anales de la Guerra de Intervención.
¿Lucha social o chantaje?
El famoso movimiento en contra de las empresas que se dedican a la explotación minera, va creciendo ante la apatía de las autoridades para acotarlo o descubrir los intereses ocultos detrás. En varias regiones de la entidad han surgido grupos y dirigentes, que no son más que vivales que se han montado sobre dicha bandera para chantajear u obtener dinero de manera poco lícita. El fin de semana anterior un sujeto: Tomás Martínez Pinacho, reunió en Miahuatlán de Porfirio Díaz al menos cuatro organizaciones que explotan a menudo el erario público, el Frente Popular Revolucionario (FPR), entre ellas. Con el argumento de que no dejarán entrar a las empresas mineras, se asumieron como Coordinadora Regional de la Sierra Sur en Defensa del Territorio. Sin embargo, en el fondo de todo es que dicho chantajista sólo pretende que el edil de dicha población, Genaro Hernández Jiménez le otorgue a dichas organizaciones, la ejecución de algunas obras públicas. Ante la negativa del citado presidente municipal, el sujeto aludido con su caterva de hampones y chantajistas, amenaza con boicotear las fiesta de octubre.
Sin embargo, éste no es el único caso. El abultado directorio de organizaciones sociales que existen en el estado -350 al menos dicen las autoridades- se han dedicado a pepenar banderas para exigirle al gobierno dádivas y prebendas. Así se explica que detrás del movimiento de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), plantel Cuilapan de Guerrero, quienes protestaron por presunto acoso sexual de parte de un trabajador, se haya descubierto la manipulación de una organización denominada “Lubizha”. El propósito de estas organizaciones que se dedican a una incierta y falsa lucha social, es caminar al tenor de las ambiciones de sus dirigentes. Tocar o patear puertas en las oficinas de gobierno para que les entreguen en propia mano y a fondo perdido, recursos públicos que ni comprueban ni utilizan para algún beneficio social o comunitario. El temor para aplicar la ley, que se ha convertido en una constante desde el 2006, ha permitido que verdaderos hampones se conviertan en potentados, gracias a las bondades de los recursos que el gobierno debería destinar a otras cosas, no precisamente para mantener a una caterva de vividores que lucran con la necesidad de comuneros e indígenas, como es el caso ya referido de los movimientos anti-minas.
