La semana anterior publicamos una amplia nota sobre la falta de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en algunos municipios de la entidad, como son los casos de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Huajuapan de León, entre otros. La mayoría de dichos ayuntamientos están gobernados por ediles emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Es evidente que en los mismos no existe la vocación democrática de rendir cuentas ante sus conciudadanos, sobre todo del uso de los recursos públicos, pues priva seguramente la ignorancia o la abulia, justamente porque el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), no obliga a los gobiernos locales a instalar su portal de transparencia, en donde cualquier ciudadano puede encontrar información sobre las erogaciones, participaciones, recursos asignados por el gobierno estatal o la Federación, entre otros.
El caso de Juchitán es emblemático, habida cuenta de que ni siquiera figura en el mapa nacional, es decir, tiene una calificación de cero. Y es que, para los presidentes municipales, tanto los que surgen del sistema de partidos como los que emanan de sistemas normativos internos, llegar al cargo municipal es sinónimo de autonomía, discrecionalidad y soberbia. Hacen y deshacen de las cuentas municipales lo que les place. No son pocos los que utilizan los recursos etiquetados de la Federación para adquirir costosos vehículos de motor, rehabilitar sus oficinas o convertir los palacios municipales en verdaderos palacetes de lujo. Sin embargo, quieren aparentar austeridad cuando lo que la ciudadanía observa es lo contrario, como es el caso de nuestros legisladores locales.
Tanto el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), como el Congreso del Estado y el OSFEO, deben estimular en los ediles, regidores de Hacienda y Tesoreros Municipales, la filosofía de la rendición de cuentas y transparencia. Para este efecto, deben contratar asesores para la instalación de los portales en sus respectivos ayuntamientos, a fin de que éstos sean una especie de ventanas para que la ciudadanía pueda conocer en qué se gastan los recursos, tanto los que se generan en los mismos gobiernos locales como las aportaciones que les llegan de otros órdenes de gobierno. Pero es una tarea de corresponsabilidad que les compete a todos.
Bloqueos: Afrentas sociales
En el tema de los bloqueos carreteros o a vialidades urbanas, hemos sido muy insistentes en este espacio editorial. Y nos asume la razón. Oaxaca es un estado único a nivel nacional, en el que cualquier hijo de vecino, por los motivos que sean, incluso personales, recurre a este infame método. No hay un solo día en que no tengamos que padecer los cortes a la circulación, pérdida de tiempo, retrasos, toma de atajos o hasta pagar a propietarios de terrenos de sembradíos, para circular cuando las carreteras son bloqueadas. Grupos y organizaciones; comuneros y productores; normalistas o maestros; porros universitarios o simples malandrines que viven de armar borlote, están prestos a cerrar carreteras o vialidades a la menor provocación, sin que jamás reciban sanción alguna. Esta situación ha creado un esquema de impunidad.
Durante los meses que llevamos en contingencia sanitaria y no obstante los constantes llamados a cumplir con las medidas de prevención, la entidad ha sido rehén de organizaciones sociales que, para reclamar atención del gobierno, recurren a este abominable método. Han hecho todo un festín de agravios a la sociedad. Hace al menos un mes, una decena de membretes se cebaron por completo contra la ciudadanía, al bloquear al menos diez puntos carreteros de gran aforo vehicular en el territorio estatal. Los llamados al gobierno estatal para aplicar la ley y actuar conforme a derecho han sido desoídos. Ni en la Secretaría General de Gobierno (Segego) ni en la de Seguridad Pública, hay disposición o voluntad para proceder al desalojo, no obstante que atentar en contra de las vías generales de comunicación, es un delito que se castiga con penas corporales.
El martes pasado, una vez concluida la temporada del “Día de Muertos”, productores de sorgo montaron al menos cinco bloqueos en la región del Istmo de Tehuantepec. Estos son ya parte de la cultura del chantaje. Para aquellos que recurren a menudo a esta práctica, es la única forma en la que sean escuchados por el gobierno, para que les pongan una mesa de diálogo y puedan conseguir lo que se proponen. El problema es que dicha práctica, como ya hemos dicho, se ha generalizado y lo mismo sirve para exigir demandas justas que para extorsionar a los servidores públicos. El gobierno de Alejandro Murat debe poner atención a este permanente agravio a transportistas y pasajeros en la región istmeña, la cual está hoy en día ubicada como una prioridad, en virtud del proyecto del Corredor Interoceánico (CIIT).
