La semana pasada el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera, afirmó que de eliminarse los llamados “puentes largos”, Oaxaca perdería al menos 16 mil 800 millones de pesos. Y no le hace falta razón. Dichos períodos son un aliciente para nuestra golpeada y magra economía oaxaqueña. Los puentes representan la llegada de miles de visitantes del país y el extranjero que vienen a conocer nuestras bellezas naturales o sitios históricos. Sólo en los últimos “puentes”, la industria sin chimeneas recibió un empuje económico por más de 580 millones de pesos. Hay que subrayar pues que la declaración del presidente de México, dada en una de las mañaneras en las que ponderó la prioridad del homenaje a los símbolos nacionales, no se dio en el contexto de un conocimiento de lo que ello implica para aquellas entidades que viven del turismo, como es parte de Oaxaca, sino bajo el prisma del jolgorio vacacional o de la frivolidad.
En lo que va de la presente administración, hay que reconocerlo, la industria turística ha tenido un importante repunte, superior al de gobiernos anteriores. Y ello se puede percibir en la cantidad de pasajeros que ha recibido el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y el incremento en los vuelos, que ha permitido la conectividad aérea con diversas ciudades del país y México. Hace sólo unos días se anunció el incremento de vuelos a destinos como Tuxtla Gutiérrez y otras capitales. Además, a diferencia de otros años, ahora Oaxaca y nuestros destinos turísticos han sido promovidos en eventos internacionales, como es la Feria Internacional de Madrid. (Fitur). Es menester reconocer que, sin hacer apologías ni panegíricos, el turismo ha sido el rubro que muestra un avance sustantivo en el gobierno de Alejandro Murat.
Esperamos que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, con toda la crítica que ha recibido por sus acciones disparatadas, rectifique. Ya el sector recibió un duro revés desde el año pasado al cancelarse el presupuesto para los “Pueblos Mágicos”, que representó un duro revés para los que han sido reconocidos en el estado: Mazunte, la Villa de Mitla, Capulalpan de Méndez y Huautla de Jiménez. No queremos otro revés más a nuestra precaria economía, más aún, en un sector neurálgico de la economía local, generador de empleos y recursos. El gobierno oaxaqueño debe proponer alternativas y cabildear ante esta medida absurda y torpe de eliminar los “puentes largos” que, como decimos arriba, no es más que producto de los disparates, tan comunes en estos tiempos.
Urge protección de patrimonio
En unos meses, la capital oaxaqueña cumplirá 33 años de haber sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue en 1987 cuando uno de los órganos de composición restringida de dicho organismo internacional, decidió incluir a la ciudad de Oaxaca de Juárez, el Centro Conventual de Cuilapan de Guerrero y la Zona Arqueológica de Monte Albán en dicha lista de sitios patrimonio. Nuestra capital fue, junto con otras ciudades como Puebla, Ciudad de México y Morelia, reconocida por su gran belleza, además, por la conservación de sus edificios históricos, ejemplo de la arquitectura novohispana de los Siglos XVI y XVII. Entre las justificaciones del multicitado reconocimiento, estuvo la valoración respecto a la participación de los oaxaqueños, a lo largo de generaciones, para conservar ese rico legado histórico.
Ello, por supuesto, es ignorado por maestros, organizaciones sociales, feministas y dirigentes que, de manera reiterada han contribuido al deterioro físico de dicho patrimonio. Todos recordamos la escena de aquel plantón que pusieron los maestros de la Sección 22, cuando uno de sus miembros golpeaba con un martillo una vieja cantera, para poner un clavo y amarrar un mecate. Las redes sociales dieron cuenta de dicha acción. El repudio ciudadano no se hizo esperar. Es evidente la inconciencia o tal vez la indolencia en el daño que se le ocasiona al patrimonio histórico. Pero ninguna autoridad le pone un alto. Desde el 2006, cuando fue de conocimiento público la destrucción y afectaciones a las canteras de catedral o la ruptura de algunas de ellas, para ser utilizadas como proyectiles en contra de las fuerzas policiales.
La pregunta es: ¿cómo crear consciencia en nuestros flamantes representantes populares para que aprueben leyes que sancionen dichas conductas? Es realidad es un acertijo. Se requiere pues un movimiento emanado de la sociedad civil que presione para que se aprueben leyes o reglamentos para detener esta infame depredación de nuestro patrimonio histórico. No es cosa simple. Pero existe una tendencia negativa, perniciosa, perversa, de ensañarse con nuestros edificios, contra las viejas y milenarias canteras. Eso, definitivamente debe castigarse con leyes severas. No se trata de libertad de expresión, ni mucho menos de lo que nuestra Carta Magna nos permite.
